En marzo de 2007, los líderes de la Unión Europea, presididos por la canciller Angela Merkel, se comprometieron a objetivos vinculantes para la lucha contra el cambio climático, pero su desarrollo concreto por sectores y países provocó fuertes presiones de los Estados miembros, para que les toque menos en el reparto de medidas con un coste inmediato anual de unos 120.000 millones de euros, y de los grupos ecologistas, que se quejan de la escasa ambición en Bruselas.
Según el plan, las industrias más contaminantes, como las eléctricas, las papeleras o las cementeras, estarán obligadas a reducir en toda la UE sus emisiones un 21% respecto a 2005 y a pagar más por sus permisos de contaminación a partir de 2013; el resto de sectores, como el transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de basuras, estarán sometidos al máximo paneuropeo del 20%, dividido por países según su riqueza y sus posibilidades.
Además, también se reparte la meta general de lograr que el 20% de la energía provenga del Sol, el viento, el agua o la biomasa (toda materia orgánica). España, según fuentes comunitarias, tiene un objetivo vinculante del 19,5%, es decir unos 11 puntos por encima del nivel actual.
"Un objetivo de un 19,5% de uso de renovables en el año 2020 encaja perfectamente con nuestra propia estrategia nacional, que ya fue aprobada incluso por el Gobierno en esta legislatura, y que estableció el 20% en 2020, pero hay todavía que seguir discutiendo el porcentaje de emisión de gases", declararon fuentes del Gobierno español.
Los países más ricos y que más han desarrollado la tecnología hasta ahora se convertirán en los más limpios, como Suecia, cuya mitad de la energía tendrá que ser renovable –ya roza el 40%-, Dinamarca o Finlandia.
Entre los ricos, destaca por su punto de partida tan deficiente, Reino Unido, que deberá llegar sólo al 15% de renovables, porque ahora menos del 2% de su energía deriva de estas fuentes limpias.
Los países del Este son los que, dado su retraso, tendrán las metas más modestas tanto en renovables como en emisiones, aunque a ninguno se le permitirá aumentar sus gases más de un 20% -el caso de los más pobres, Rumanía y Bulgaria. Según el nuevo sistema de comercio de renovables, además, los países que no lleguen a su objetivo, podrán comprar certificados limpios en otros de la UE.
"Si a Luxemburgo, el ejemplo clásico por su tamaño, le sale muy caro instalar un parque eólico, puede gastarse menos financiando la energía renovable en Rumanía", explica un experto comunitario.
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