La iniciativa si bien fue aprobada por 48 legisladores y rechazada por 36, no logró los 60 votos necesarios para iniciar el debate y la votación definitiva, después de que los republicanos expusiesen sus argumentos en contra.
Este bloque considera que un paquete de medidas de esa naturaleza causaría un aumento de los precios de los combustibles y la electricidad aún mayor, además de una pérdida de empleos. Esto empeoraría la crítica situación que atraviesa Estados Unidos, que ya afronta una desaceleración económica.
"Si perjudicamos a una economía que ya sufre una desaceleración, si la dañamos más, nadie tendrá dinero adicional para costear las nuevas tecnologías que necesitaremos para resolver este problema (del calentamiento global)", ha declarado la portavoz del de la Csa Blanca, Dana Perino, desde donde ya habían amenazado con vetar la ley.
El presidente George W. Bush, que coincide en que éste proyecto será perjudicial para la economía de su país, responsable del 25% del dióxido de carbono lanzado a la atmósfera.
Por su parte, los promotores de la medida no se dan por vencidos. Joseph Lieberman, senador independiente, ha afirmado que aún quedan esperanzas de sacar adelante políticas medioambientales de esta naturaleza en el futuro, ya que incluso los virtuales candidatos presidenciales, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, han respaldado la iniciativa.
Según la propuesta, entre 2012 y 2050, Estados Unidos tendría que reducir la emisión de gases invernadero en un 2% anual , al tomar en cuenta los niveles registrados en 2005.
Además, impone un límite en las emisiones de dióxido de carbono del 87% de las plantas eléctricas, refinerías de petróleo y otras fuentes de contaminación ambiental, al tiempo reduce a 19% las emisiones de los niveles actuales para el año 2020 y en 71% para 2050.
El plan fue presentado por el republicano John Warner, de Virginia, la demócrata Barbara Boxer, de California, y el independiente Joseph Lieberman, de Connecticut.
La iniciativa de ley es respaldada por numerosos alcaldes, gobernadores, grupos religiosos, así como por científicos y organizaciones no gubernamentales.
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