El 20 de enero se presentará un proyecto de ley reelaborado ante el gabinete de gobierno, informó el portavoz gubernamental Luc Chatel.
La Corte Constitucional rechazó sopresivamente poco antes de fin de año una ley al respecto, que tenía que haber entrado en vigor en enero. Los magistrados consideraron entonces que el impuesto eológico era injusto e inútil en aquella forma.
La ministra de Economía, Christine Lagarde, dejó entrever que en el nuevo proyecto también tendrán que pagar las empresas que hasta ahora habían sido excluidas del mismo.
"Trabajamos en la posibilidad de una contribución reducida y otros mecanismos" para impulsar la reducción de la emisión de dióxido de carbono dañino para el clima, dijo Lagarde al diario "Les Echos".
Con ello, sin embargo, no se limitará la competitividad de la industria francesa.
El plan original encarecía la gasolina en un cuatro por ciento y el gas en un siete por ciento, algo que sin embargo se compensaba mediante un impuesto sobre la renta reducido.
Con el impuesto al CO2 el gobierno francés pretende reducir el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.
Sarkozy ha convertido el impuesto climático en una pieza central de su política, con el objetivo de ganarse el voto de los simpatizantes de los Verdes y un papel precursor en la política climática a nivel internacional.
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