El objetivo del acuerdo es producir hasta 26 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, dijo el presidente de YPFB, Santos Ramírez, sin ahondar en detalles del proyecto. La firma fue realizada en la sede presidencial Palacio Quemado, en donde estuvo presente el presidente Evo Morales, en clara señal de la importancia que tiene el arreglo para el país sudamericano, sumido en una fuerte crisis interna.
"Nos alegra el día de hoy dar una señal fundamental para el sector hidrocarburos, con esta alianza entre Gazprom, Total y YPFB", para invertir en "un escenario definitivamente importante" en la región sudoriental del Chaco, donde la firma francesa hizo los primeros estudios en los dos últimos años, agregó el directivo.
Ramírez dijo además, informó la agencia Reuters, que el estudio preliminar de campo realizado por Total servirá de base para la conformación de una sociedad mixta entre las tres compañías para ejecutar el proyecto, el más ambicioso anunciado por el Gobierno boliviano desde la nacionalización de la industria petrolera en mayo del 2006.
Dicho estudio le servirá a Bolivia para la exploración, desarrollo de campos y plantas de extracción en el bloque chaqueño Azero, que producirá a mediano plazo 26 millones de metros cúbicos diarios de gas. El país del altiplano tiene actualmente la segunda reserva sudamericana de gas natural, de 48,7 billones de pies cúbicos, y produce 40 millones de metros cúbicos diarios que en gran parte exporta a Argentina y Brasil.
En este momento su sector energético está en jaque tras las fuertes propuestas del sector opositor, que incluyeron la toma de importantes instalaciones petroleras y gasíferas del sur del país. La oposición le reclama el ejecutivo devolver a los nueve departamentos unos 166 millones de dólares, para el pago de pensiones, así como el pago de la renta petrolera.
Además se oponen a que continúe en la zona un proceso estatal de saneamiento de tierras privadas agrícolas. La protesta de los opositores regionales aún carece de una respuesta por parte del Gobierno, que ratificó que seguirá utilizando la renta petrolera, a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para el pago de una renta mensual a mayores de 70 años de ambos sexos.
Entre otras cosas, exigen subir el precio del gas exportado a Argentina y Brasil, por lo menos al doble de los precios actuales. Por su parte, el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, dijo que el decreto tiene el objetivo de proteger los campos petroleros y las válvulas de gas natural y así evitar consecuencias negativas para el gobierno, que debe cumplir con la exportación energética a Brasil y Argentina.
En Santa Cruz, principal región opositora al Gobierno oficial, se han registrado en los últimos días de violentas protestas contra los planes del ejecutivo, que pretenden impulsar una Constitución de corte socialista e indigenista. Los enfrentamientos han dejado por lo menos ocho muertos.
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