Para algunos expertos, la nacionalización de la industria petrolera y el gas en Bolivia sellaron la muerte del proyecto. El gobierno del presidente Lula presentó inmediatamente planes de Petrobras para la autosuficiencia nacional en materia de gas natural, acelerando la producción interna y medidas para importar gas natural licuado. Pero el gasoducto avanza: el 7 de junio, funcionarios evaluarán en Caracas la marcha del proyecto, según confirmó el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
Además, siete grupos de trabajo estudian los aspectos económicos, ambientales, de ingeniería, trazado de ruta, financiamiento y regulaciones que afectan al proyecto. Hasta el momento, se esta cumpliendo el cronograma definido por los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil en San Pablo el 26 de abril. El objetivo es que el gasoducto esté diseñado y listo para ser propuesto a los demás gobiernos sudamericanos en septiembre.
El gasoducto, si se construye, sería la obra de infraestructura física más grande de América del Sur. Tendría 7.000 mil kilómetros, que pueden ampliarse a más de 10.000, dependiendo de la ruta elegida, según expertos. Transportaría 150 millones de metros cúbicos diarios y su construcción costaría 25.000 millones de dólares.
“El proyecto no tiene coherencia económica, cruza muchos ríos y bosques, hace imposible precisar sus costos y encarecería en exceso el gas venezolano entregado en Argentina si no lo subsidia Brasil”, afirma Victer. "El gasoducto quintuplicaría la actual dependencia brasileña en relación con Bolivia", agrega el especialista a Tierramérica.
Por otro lado, Adriano Pires, director de la empresa consultora Centro Brasileño de Infraestructura, comenta que el proyecto enfrenta riesgos ambientales, económicos, políticos, financieros y tecnológicos que lo hacen inviable. La propuesta de "tarifa postal", que divide en partes iguales los costos del transporte del gas, significa subsidiar a consumidores más lejanos (argentinos y brasileños del sur) y perjudica a las regiones más pobres del norte y nordeste de Brasil, dijo Pires.
También hay problemas tecnológicos del proyecto en sí, agravados porque el gas de Río de Janeiro se asocia al petróleo, destacó Pires. Con tantas incertidumbres, pregunta "qué banco financiaría -y cómo- una obra de 25.000 millones de dólares".
Venezuela posee las mayores reservas sudamericanas de gas natural -cerca de 4.2 billones de metros cúbicos-, pero "90% (de ellas) están asociadas al petróleo, y para extraerlas hay que producir más crudo", confirmó Elie Habalián, ex gobernador venezolano ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Los planes de inversiones de la estatal Petróleos de Venezuela, de más de 6.000 millones de dólares hasta 2012, aseguran gas suficiente para el gasoducto, según el ministro Ramírez. La producción actual, de 176 millones de metros cúbicos, casi se duplicará en seis años, contando con yacimientos en tierra firme y en aguas del Atlántico y el Caribe.
Los ambientalistas, por su parte, califican al proyecto de “locura”: "Obtener licencias ambientales para atravesar la Amazonia sería una hazaña. Si todo marchase bien, sin trabas judiciales, demoraría cinco o seis años como mínimo", evaluó Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña. Además enfrentaría disputas agrarias, especialmente en el norte y centro brasileños. Es "dificilísimo que se construya el gasoducto", pero hay que seguir discutiéndolo porque "otras locuras" ya se hicieron realidad en la región, dijo.
Adilson Vieira, coordinador del Grupo de Trabajo Amazónico, red de 600 organizaciones y movimientos sociales, afirmó que el gasoducto es "inviable por su impacto socioambiental". Incluso tendría "efectos sociales violentos" en muchas áreas indígenas en Brasil y Venezuela, y exigiendo desviaciones o compensaciones que son "incalculables", señaló el ambientalista a Tierramérica.
En Venezuela también sube el tono crítico de ambientalistas. Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), que defiende un parque en el sudeste fronterizo con Brasil, advirtió que el proyecto sería "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonia, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica". La portavoz de este grupo, María Eugenia Bustamante, dijo que "el solo planteamiento de este proyecto viola convenios sobre derechos económicos, sociales y culturales".
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