Los empresarios ibéricos tendrán además acceso a un interlocutor gubernamental único y exclusivo, para superar las "incertidumbres" creadas por los cambios políticos y económicos llevados a cabo por el presidente Evo Morales, agregó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en conferencia de prensa conjunta con Morales, en el marco de una visita oficial de dos días a Bolivia.
"Todas (las empresas españolas) comprenden, conocen, respetan y comparten la evolución que este país está llevando a cabo y han adoptado la decisión, que es compartida por el gobierno, de permanecer, de continuar manteniendo y ampliando su inversión," dijo Fernández de la Vega. según informa Reuters.
Morales acotó que tiene "la mayor confianza" en lograr pronto un acuerdo con Repsol-YPF para que esta compañía, una de las más afectadas por la nacionalización de hidrocarburos decretada en mayo, firme nuevos contratos para continuar sus operaciones actuales y ampliar sus inversiones en Bolivia.
Ni Morales ni Fernández de la Vega mencionaron cifras sobre futuras inversiones españolas en Bolivia, aunque coincidieron en destacar que el proceso de nacionalización iniciado por el gobierno boliviano no era sinónimo de peligro para las empresas extranjeras.
"Tomando en cuenta las normas internas del país, se garantiza la inversión privada extranjera (...) el pueblo boliviano sabe que necesitamos inversión," señaló Morales.
Agregó que Repsol-YPF y otras empresas españolas "saben que Bolivia necesita socios, no patrones, y están de acuerdo" con esta política que, según anunció, "va a ser ratificada por la asamblea constituyente" que será instalada el domingo.
En el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, las petroleras extranjeras que operan en Bolivia tienen plazo hasta fines de octubre para firmar nuevos contratos, que las convertirán en socias no propietarias de la producción y con obligación de pagar tributos de hasta un 82%.
Fernández de la Vega consideró "razonable" que las empresas españolas enfrenten "incertidumbres" en su relación con un gobierno que "lleva apenas seis meses y ha iniciado un proceso constituyente," por lo que destacó la importancia del interlocutor especial comprometido por Morales.
"La petición al gobierno es que se despejen determinadas incógnitas (...) y la posición de las empresas no es otra que la voluntad firme y decidida de permanecer en Bolivia, con el espíritu de crear país, de contribuir al desarrollo del país, de desarrollar mayor inversión," insistió.
Consultada sobre la promesa de condonar obligaciones por 100 millones de euros (unos 127 millones de dólares) de Bolivia con el Estado español, Fernández de la Vega dijo que "se va a cumplir" e incluirá un programa de canje de deuda para financiar planes sociales, bajo modalidades que todavía están en negociación.
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