El texto constitucional, inspirado en la filosofía del 'buen vivir', recoge toda una serie de medidas de protección de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.
Algunos críticos aseguran que el modelo de desarrollo económico ecuatoriano, dependiente en gran medida de la extracción de recursos naturales, colisiona con la protección que se le otorga a la naturaleza.
Según comentó Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador:' No hay un solo impulsor del proyecto. Hay una sociedad que es consciente de que hay que respetar la naturaleza. Hay que reconocer que la verdadera riqueza de Ecuador es su biodiversidad y no simplemente los recursos naturales del subsuelo, cuya explotación más de una vez ha causado severos daños ambientales y sociales.
El legislador afirmó que la medida fue tomada con cierto escepticismo al principio, ya que mucha gente se preguntaba cómo era posible que la naturaleza pudiera tener derechos, y quién podría reclamarlos.
'En realidad lo que se quería es hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI.' dijo Acosta.
Queríamos no sólo buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza, sino a partir de esa visión abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo.
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