Según los demandantes, las iniciativas de reforma energética propuesta por Calderón y presentada al Congreso, violentan diversas disposiciones constitucionales. Dicha reforma causó una fuerte división en el país, donde la izquierda, incluso, se tomó las gradas del Senado, como mecanismo de protesta. Ambas instancias están obligadas a investigar y, en el caso del Senado, a citar a Calderón para otorgarle el derecho de audiencia que le corresponde.
Los juristas insistieron en que el mandatario busca entregar a capitales privados la riqueza petrolera del país. Calderón presentó en abril último al Congreso su iniciativa de reforma energética, pero legisladores de izquierda respondieron con la toma de tribunas por 15 días para obligar a un amplio diálogo nacional sobre el tema, durante el cual fueron presentadas otras propuestas que ahora se analizan en el Congreso, publicó Ansa.
La propuesta del gobierno ya fue llevada a consulta popular, en la que obtuvo un rechazo generalizado, con más del 90 por ciento de personas que dijeron No a la reforma de Calderón. Básicamente, la propuesta oficial permite la participación de la iniciativa privada en áreas como exploración y refinación de petróleo, en un contexto de debate sobre la necesidad de dar nuevos bríos a la actividad hidrocarburífera, fuertemente afectada en los últimos años. México se encuentra sumido en una crisis petrolera sin precedentes, que lo llevó a plantear dicha reforma, que dividió al país. Los problemas radican en que la máxima reserva del país, Cantarell, ha visto fuertemente reducida su producción.
El gobierno que preside Felipe Calderón había propuesto en el mes de abril que se autorice a Petróleos Mexicanos (Pemex) contratar a empresas para participar en exploración y producción, además de que la iniciativa privada podría construir y operar refinerías.
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