La medida hace parte del acuerdo firmado ayer entre el gobierno de Evo Morales y dirigentes cívicos de la localidad suroriental de Camiri, que durante nueve días mantuvieron
enfrentamientos con el ejército y vecinos, quienes bloquearon la ruta que comunica a Bolivia con Paraguay y Argentina.
Los representantes de la ciudad, que es considerada la capital petrolera histórica de Bolivia, le exigieron al ejecutivo que los dos yacimientos en cuestión volvieran a manos del Estado, pese a que campos producen pequeñas cantidades de crudo, que no superan los miles por día. Incluso pidieron que "YPFB operará los campos Camiri y Guayruy, en cumplimiento de disposiciones legales en vigencia", informaron medios locales.
La medida entraría en vigencia dentro de 90 días, precisó el acuerdo. Previamente, el Gobierno decidió imponerse como fecha límite el 30 de abril para asumir el control de cuatro empresas petroleras controladas por compañías extranjeras, entre las que se cuentan a Andina.
Las otras empresas que están en la mira del proceso de nacionalización son boliviana son Chaco, del grupo British Petroleum; la operadora de ductos Transredes, del grupo internacional Ashmore, y la empresa de almacenamiento y transporte menor CLHB, de capitales peruanos y alemanes.
Entre otras cosa, YPFB acordó realizar exploraciones en profundidad en la ciudad de Camiri, lugar todavía considerado de gran potencial para la explotación de hidrocarburos, a pesar de la fuerte explotación que vivió durante los últimos 70 años.
Repsol-YPF, junto a Petrobras, Total de francia y British Gas, concentran más del 90 por ciento de la producción boliviana de gas, que es de unos 40 millones de metros cúbicos diarios y se destina casi totalmente a los mercados de Argentina y Brasil, informó la agencia Reuters.
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