Oposición pide una Constituyente para tratar reforma

Enviar Imprimir Corrección Comentarios Anterior Siguiente

Manuel Rosales, del opositor partido “Un Nuevo Tiempo” y gobernador del estado de Zulia, dijo que "está preparado" para recolectar las firmas de un 15 % de los electores inscritos en el Registro Electoral, como lo exige la ley, para poder activar la Constituyente.

El objetivo del gobernador es que la reforma constitucional que propone Chávez como una "refundación" de la República, debe ser debatida y aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que se instale con ese fin.

La Constituyente además "garantiza" que todos los venezolanos estarán “representados", por lo que "es el camino que permite la reconciliación y la unión" del país. La unicameral Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos oficialistas porque la oposición no se presentó en las elecciones de 2005, aprobará la reforma constitucional a principios de noviembre próximo, para que sea sometida a referendo popular a inicios de diciembre.

Tanto Chávez, como sus aliados en la AN niegan que las modificaciones propuestas "toquen el fondo" de la Constitución Bolivariana de 1999, por lo que insisten en que debe ser el Legislativo el que apruebe el proyecto.

Rosales sostuvo que el gobierno "autocrático y personalista" de Chávez, e incluso algunos sectores de oposición, supuestamente promueven la "apatía" electoral, por lo que reiteró su llamado a la población a "movilizarse" para luchar contra la reforma.

Rosales no es el único representante de la oposición que plantea se requiere otro mecanismo para aprobar la reforma. El partido Primero Justicia (PJ-centroderecha), e incluso Vicente Díaz, uno de los cinco rectores principales del Poder Electoral, han señalado que la reforma afecta los "fundamentos" de la Carta Magna, por lo que debe ser aprobada por una Asamblea Constituyente.

Chávez defiende las modificaciones constitucionales como indispensables para consolidar el "sistema socialista de equidad y justicia" en Venezuela. La oposición rechaza la reforma constitucional porque considera otorgaría poderes "imperiales" a Chávez y lo eterniza en el gobierno, que asumió por primera vez en 1999.