Este jueves y viernes son decisivos para la futura evolución de la Unión Europea, el mayor esfuerzo de integración realizado en la historia. Los líderes de los 27 gobiernos que conforman la Unión Europea deberán decidir la adopción del tratado para reemplazar a la fallida Constitución europea.
En unas breves declaraciones al entrar a una reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa a la cumbre, la dirigente eludió pronunciarse sobre las diferencias con algunos países, pero sí insistió en la necesidad de una reforma bajo el argumento de que la UE "tiene que ser capaz de actuar para solucionar los problemas mundiales".
En el mismo sentido se expresó el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, convencido de que la cumbre "ha sido bien preparada por la presidencia alemana". "No podemos fallar", dijo antes de reunirse con Merkel y Durão Barroso para preparar la cita.
En juego el futuro de la UE
Los jefes de Estado y de Gobierno buscan superar la crisis constitucional abierta en la Unión Europea por el 'no' de los votantes franceses y holandeses en 2005, aunque las posturas del Reino Unido y Polonia amenazan con llevar la cumbre al fracaso.
Este martes, tras seis meses de conversaciones, la presidencia semestral alemana presentó el primer borrador de un nuevo tratado llamado a sustituir a la fallida Constitución, que hasta la fecha han ratificado 18 socios.
El texto, de 11 páginas y de complejidad técnica y jurídica, mantiene los cambios institucionales previstos en aquel proyecto; instaurar un ministro de Exteriores y un presidente permanente o limitar las votaciones por unanimidad, entre otros, y deja fuera la definición de los símbolos de la UE, como el himno, la bandera y la moneda.
El documento incluye, asimismo, los 12 puntos que España y Francia presentaron el domingo a los demás socios comunitarios con el fin de preservar la esencia del tratado constitucional, incluso si pierde ese nombre y pasa a ser una reforma tradicional —sin referéndum— de otros anteriores.
El objetivo es acordar un mandato claro y preciso para lanzar en julio una Conferencia Intergubernamental (CIG) que ponga por escrito los cambios institucionales, de forma que para las elecciones europeas de 2009 haya entrado en vigor el nuevo tratado.
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