La única instancia que puede investigar a un jefe de estado colombiano, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, escuchará a los denunciantes de la oposición para decidir si el caso se mantendrá abierto o se dejará de lado.
La decisión de abrir la investigaciónla tomaron el pasado martes los 19 miembros del comité legislativo, la mayoría oficialistas, indicó el diputado Edgar Ulises, integrante de la Comisión y miembro del partido Cambio Radical, de la coalición afín al presidente.
"Solamente estamos abriendo investigación preliminar para conocer la denuncia... solicitar a los denunciantes la ratificación y ampliación de la denuncia", agregó.
El vocero presidencial César Mauricio Velásquez dijo que el presidente está dispuesto a acudir a la Comisión de Acusaciones cuantas veces sea necesario, en el día y la hora que se disponga.
Agregó que Uribe tiene "tranquilidad" sobre sus acciones y que no hubo ofrecimientos irregulares para conseguir la aprobación del legislativo.
La denuncia fue presentada ante la Comisión el 29 de abril por el senador Luis Carlos Avellaneda, del opositor partido Polo Democrático, acusando a Uribe de cometer "cohecho", como parte de las revelaciones hechas por la ex congresista Yidis Medina en referencia a la manera en que se votó, en en el año 2004, el proyecto de reforma constitucional que permitió a Uribe ser reelecto para un segundo mandato.
Medina denunció en abril que funcionarios de Uribe le prometieron el nombramiento de allegados en cargos burocráticos regionales a cambio de votar a favor de la reforma.
La ex congresista, detenida desde abril por cohecho, después de mantener una postura opuesta a esa iniciativa, la apoyó y su voto resultó crucial para aprobarla.
Medina también explicó que denunció el caso ahora porque el gobierno incumplió con las supuestas promesas que le formularon el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, actual embajador en Italia y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, entre otros.
Los opositores destacan que para el delito de cohecho --ofrecer o recibir favores como funcionario público, castigado aquí con entre cinco a ocho años de prisión-- se necesitan dos, y que el responsable de las acciones de los ministros es el presidente.
La Comisión citó al senador Avellaneda para prestar testimonio el 4 de junio y posteriormente puede o no decidir llamar a testificar al presidente, explicó Ulises.
"Vamos a pedir la práctica de una serie de pruebas que, en nuestro criterio, ayudan a conformar la prueba del delito que ha incurrido el señor presidente".
Si se acepta la denuncia contra Álvaro Uribe, el comité legislativo deberá volver a votar para decidir si se someterá al presidente a juicio político.
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