El vicefiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, anunció el llamado a indagatoria para Diego Palacio, el titular de la cartera de Protección Social, así como también para el actual secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, y el anterior titular de ese despacho, Alberto Velásquez. Los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Diego Palacio se manifestó recientemente tranquilo por la decisión de solicitar su comparecencia ante la justicia por el caso de la ‘yidispolítica’ y señaló que "estaba esperando el llamado porque quiero exponer mis puntos de vista sobre esto".
Palacio, Moreno y Velásquez están acusados de haber incurrido en el presunto delito de cohecho, al ofrecer dádivas a congresistas para que votaran a favor de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2004.
Entre las personas señaladas en el mismo proceso figura también el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.
Ya el ex ministro del Interior y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, había sido alcanzado por la misma medida.
Palacio y Velásquez, según Yidis Medina, la ex congresista que destapó el escándalo de los sobornos, le habían ofrecido burocracia a cambio de su voto positivo por el proyecto. Y Bernardo Moreno, según la ex legisladora, hoy condenada por ese caso, le sugirió que no escribiera un libro en el que hablaba del trámite del polémico acto legislativo en el Congreso.
El llamado a indagatoria fue anunciado por el vicefiscal general colombiano Guillermo Mendoza Diago y los tres altos cargos deberán comparecer ante su despacho en los próximos días.
Los presuntos ofrecimientos de dádivas y la aceptación de las mismas afectaron a los congresistas Yidis Medina, condenada hace pocas semanas a una pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión, y al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño.
La ex representante a la Cámara Medina, en sus declaraciones, señaló que ella y otros 17 congresistas acordaron frenar la reelección, pero fue abordada por funcionarios del Gobierno para motivar su cambio de posición en favor del proyecto que permitió un segundo mandato de Uribe.
A cambio, los funcionarios ofrecieron puestos en la nómina oficial, prebendas y otras dádivas.
La Sala Penal de la Corte debe decidir también, en breve, la situación del detenido ex congresista Teodolindo Avendaño, investigado también por cohecho.
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