Tres días de prisión fueron ordenados para Álvaro Uribe, así como también para los ministros de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, del Interior, Fabio Valencia, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres.
Esta es la primera vez que se conoce un fallo de este tipo contra un mandatario. No obstante, es remota la posibilidad de que prospere la decisión de tres conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo. La sentencia responde al desacato que habrían hecho los implicados de un fallo de tutela por el que se ordenó, el 29 de febrero pasado, el restablecimiento del equilibrio salarial a 148 trabajadores de la Rama Judicial en Sucre, entre ellos varios jueces, de acuerdo con la Ley 4ª de 1992 y sus decretos reglamentarios.
También en el fallo están involucrados la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería y el director del departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Antonio Grillo Rubiano.
En el fallo de tutela se imponía un plazo al presidente y los ministros, así como a otros funcionarios relacionados, para que produjeran actos administrativos y restablecieran los derechos salariales a los tutelantes.
Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato ante el tribunal superior de Sincelejo, cuyos miembros se declararon impedidos por conflicto de intereses. Fue entonces que terminaron siendo nombrados como conjueces tres abogados litigantes, Freddy de la Ossa Badel, Gustavo Adolfo Lions, y Saúl Vega Mendoza quienes produjeron el fallo.
"Todos los que están ahí tienen que ver algo con el cumplimiento de nivelar (los salarios) a los funcionarios", señaló en ese sentido el conjuez Gustavo Adolfo Lions en entrevista con radio W.
"Desde hace tiempo se le concedió a los funcionarios judiciales un nivel salarial de acuerdo con lo que devengaran sus superiores", señaló Lions.
"El fallo no lo conocemos", dijo a la misma cadena el secretario Jurídico del Palacio de Nariño, Edmundo del Castillo.
"Por procedimiento de ley" de momento no se puede hacer nada contra el Presidente y los ministros, agregó.
El tema ya está siendo evaluado por la Corte Suprema de Colombia, que tiene la última palabra.
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