La Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la
nueva Directiva Europea de Retorno "no afecta a la
legislación española", por lo que no se hará ningún cambio que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes ilegales a dieciocho meses.
De la Vega hizo estas declaraciones tras constituirse la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración, de la que forman parte los Ministros de Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Fomento e Igualdad.
La Vicepresidenta ratificó la voluntad del Ejecutivo de presentar una reforma de la Ley de Extranjería antes de que concluya el año, en la que se podría ampliar el plazo de 40 días de privación de libertad hasta 60, para dotar de más tiempo al proceso de repatriación de los inmigrantes irregulares.
Por su parte, la Portavoz del partido español Unión, Progreso y Democracia (UpyD), Rosa Díez, denunció la presión “brutal” de los Gobiernos de la Unión Europea, “encabezada por el de España, al impedir una segunda lectura de la directiva de retorno de inmigrantes irregulares aprobada por el Parlamento Europeo (PE) tras no aprobar ninguna de sus enmiendas.
Díez consideró que la falta de debate “es mucho más grave” que la propia normativa, que obedece a un sometimiento de los parlamentarios europeos a la “decisión intergubernamental”, ya que el texto es el mismo que se acordó en la reunión de Ministros de Justicia el pasado día 5.
La ex eurodiputada afirmó que las “instrucciones de los jefes de los Gobiernos” europeos impidieron al PE legislar, al no aprobar ninguna de las enmiendas que se presentaron para suavizar la redacción de la directiva.
Así, la norma comunitaria, que ya tiene el visto bueno de los Gobiernos, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial mientras que si alguna de las enmiendas hubiese salido adelante, la aprobación de la directiva hubiera pasado a una segunda lectura que podría haberse alargado durante otros dos años.
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