En una carta dirigida a los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la UE intentó tranquilizar a esos países reafirmando el "fuerte compromiso" europeo con los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas.
La llamada "directiva de retorno", recién aprobada por la UE suscitó fuertes críticas entre numerosos países, dentro de las cuales los cancilleres andinos enviaron una carta conjunta en junio pasado.
La misma asegura que la UE apoya la inmigración legal, pero tiene que "abordar los problemas que conlleva la inmigración irregular" desde un "enfoque global" que ponga en contacto a países de origen, tránsito y destino y permita una gestión conjunta de los flujos migratorios.
"Debemos luchar contra el empleo ilegal, el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas", reza el texto.
La UE también garantizó que entre sus objetivos figura "contribuir al desarrollo socio-económico de los países de origen para que sus ciudadanos puedan tener mejores condiciones de vida sin estar obligados a abandonar su país".
El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner; el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Javier Solana; y la comisaria europea de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, firman esta carta, en la que dicen entender que la nueva directiva genere "malentendidos" que hay que aclarar sin demora.
"La directiva busca armonizar las normas en los Estados miembros y establecer un conjunto de reglas claras, transparentes y justas" que tengan en cuenta el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afectadas, recalcan.
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