Los ministros europeos del Interior aprobaron este jueves en Luxemburgo la denominada 'Directiva Retorno', que establece nuevas reglas de detención y expulsión de clandestinos hallados en la Unión Europea, la cual deberá ser avalada por el Europarlamento, anunció la presidencia eslovena de la UE.
Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, la 'Directiva Retorno' obliga a las autoridades nacionales de los 27 miembros de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos.
Esta expulsión o "alejamiento", como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser "voluntario dentro de los posible", aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de 6 a 18 meses.
El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los Estados miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes. Otros, como España, tienen plazos muy inferiores a los que marca la nueva directiva.
Pero el periodo de internamiento no es el único aspecto polémico. El texto establece que el "internamiento podrá ser decidido por las autoridades administrativas o judiciales" y tendrá un límite de seis meses, ampliado hasta 18 si se complica el proceso de expulsión del detenido. Las detenciones podrán ser decididas por orden administrativa, aunque se exige un "control judicial lo más rápidamente posible". Finalmente, la norma también permite la detención de menores no acompañados, aunque esta medida se tomará "sólo como último recurso y por el menor tiempo posible".
La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los Estados miembros deberán fijar un plazo para ello de entre siete y 30 días.
La 'Directiva Retorno' se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria de la UE que debería acentuarse durante la futura presidencia francesa del bloque, en el segundo semestre de 2008, a partir de un "pacto europeo" impulsado por París.
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