Francia ha convertido la definición de una política migratoria común en uno de los temas prioritarios durante su Presidencia de la UE. La idea es que el texto sea adoptado definitivamente por los 27 en octubre.
El Gobierno francés está muy confiado en obtener el apoyo de todos los Estados miembros de la Unión. “Creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Hay sólo unos pocos problemas semánticos para resolver”, declaró el primer ministro francés, Francois Fillon.
Mediante el pacto de inmigración se busca frenar los grandes flujos migratorios, por lo que tiene en la mira el incremento de la lucha contra la inmigración ilegal y la expulsión de los extranjeros sin papeles.
Este último tema es el más polémico, ya que según la Directiva Retorno, aprobada días atrás por el Parlamento Europeo, los indocumentos podrán ser encarcelados sin proceso judicial de seis hasta 18 meses.
Francia debió negociar de forma previa con España varios puntos esenciales de la iniciativa, entre ellos el referido a las regularizaciones de clandestinos, que fue suavizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un "contrato de integración", retirada de la última versión del documento.
Al llegar a la reunión organizada en Cannes, el ministro español del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó: "Estoy satisfecho, creo que ha quedado bien. Es importante que tengamos una política de inmigración común".
La nueva normativa europea provocó fuertes críticas en varios países de América Latina y el Caribe, incluso de Estados Unidos, así como del
Mercosur, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río, que en general la calificaron de "xenófoba".
El texto, presentado hoy por Francia, instaura reglas comunes para los 27 países miembros de la UE en materia de asilo, da prioridad a la inmigración laboral, regula la inmigración familiar, refuerza los controles en las fronteras del bloque y facilita el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar.
Principales puntos del proyectoEl principio fundamental sobre el que se basa el documento es que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.
A partir de esa premisa, los principales puntos del pacto son los siguientes:
- Cada Estado miembro deberá determinar las condiciones de admisión a su territorio y fijar el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo y atendiendo a las consecuencias en los demás países miembros.
- Las regularizaciones se harán "caso por caso", a título excepcional, por motivos humanitarios o económicos.
- Se impulsará la admisión de trabajadores cualificados y se favorecerá la inmigración temporal, para evitar la fuga de cerebros.
- La reagrupación familiar se vinculará a los ingresos y condiciones de residencia de la familia, así como al conocimiento del idioma del país de acogida.
- Los Estados miembros fomentarán la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos (acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad y a los servicios públicos y sociales) y deberes (aprendizaje del idioma, respeto a las leyes del país de acogida)
- Los inmigrantes en situación irregular tendrán que abandonar la UE voluntariamente o serán expulsados. Los Estados miembros deberán ofrecer ayudas para el retorno voluntario de los inmigrantes
- Se intentará establecer acuerdos de readmisión, comunitarios o bilaterales, con los países de origen de inmigración, con los que también se reforzará la cooperación para luchar contra el tráfico de personas.
- Se reforzarán el papel y los recursos de Frontex (la agencia europea de control de fronteras).
- En materia de asilo, la UE creará en 2009 una oficina europea "de apoyo", sin poderes, para facilitar el intercambio de información. La Comisión Europea deberá presentar propuestas para instaurar en 2012 un procedimiento de asilo único en la UE, basado en garantías comunes.
Apoyo a la iniciativa francesa
La iniciativa elaborada por el gobierno galo, en colaboración con España, ha tenido una gran acogida por parte de los demás miembros de la UE. En este sentido, el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble aseguró que no ve un "muro alrededor de Europa. Hay seis millones de ilegales y es necesario luchar contra la inmigración ilegal y dirigir la migración legal".
En tanto, para el titular de la cartera de Justicia luxemburgués, Luc Frieden, "Europa debe decir por sí misma quién puede entrar" en su territorio. "La inmigración no es una amenaza, pero hay que organizarla", subrayó por su lado el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot.