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El ex Presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) no podrá salir del pais luego de que una jueza anticorrupción le abriera un proceso penal por su presunta participación en un caso de falsificación de firmas en el que se vio comprometido su partido político en 1998.
Un portavoz judicial confirmó que la jueza Carolina Lizárraga abrió el proceso contra el ex gobernante, que se encuentra actualmente en EEUU, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.
Desde que concluyó su mandato el 28 de julio, ha pasado mucho tiempo trabajando en los EEUU en el dictado de cátedras universitarias, y ha reiterado en varias oportunidades que está dispuesto a someterse a cualquier investigación y atender cualquier llamado de la justicia de Perú.
Lizarraga, del Sexto Juzgado Anticorrupción, abrió instrucción a Toledo el lunes, y estableciendo además una orden de embargo preventivo de sus bienes por 150.000 soles (46.800 dólares), así como impuso el pago de una caución de 50.000 soles (15.600 dólares),
Este caso de falsificación, en el que Toledo se encontraba comprendido solamente en calidad de testigo, se remonta a 1998, cuando, según testigos, la agrupación política de Toledo, País Posible emprendió una masiva falsificación de firmas para poder inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y postular la candidatura de Toledo en las elecciones presidenciales del 2000.
La jueza procesa por el mismo caso a Margarita Toledo, hermana del ex presidente, y a otras 34 personas, a quienes se les considera presuntas responsables de la masiva falsificación de firmas del partido País Posible, ahora Perú Posible.
Toledo había sido incluido en este proceso como testigo, pero la jueza cambió su condición, después de que el pasado 14 de diciembre fuera denunciado por la fiscal Gloria Ordóñez.
El abogado de Toledo, Víctor Pérez Liendo, presentó un recurso de hábeas corpus con el fin de que se declare nulo el proceso abierto.
Toledo puede ser procesado por este caso porque los hechos ocurrieron antes de que fuera elegido y, por tanto, no se puede acoger al derecho al ante-juicio (proceso en el Congreso) que corresponde a los altos funcionarios del Estado, durante cinco años, después de haber abandonado el cargo.
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