Las autoridades texanas insisten en que procederán con la ejecución de los cinco mexicanos que están en el corredor de la muerte, pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener las ejecuciones, según manifestó el portavoz del gobernador, Rick Perry.
"Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero", afirmó Robert Black, quien señaló que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la CIJ, que es el máximo tribunal de la ONU.
La CIJ ordena a EEUU que paralice la ejecución
La Corte había ordenado hoy a EEUU que "tome todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas.
La suspensión debe permitir que la CIJ tramite la petición de México de interpretar la llamada "sentencia Avena", de 2004, en la que se impuso la revisión de las condenas a muerte en EEUU de medio centenar de mexicanos.
Según las conclusiones leídas por su presidenta, Rosalyn Higgins, la Corte con sede en La Haya dictaminó, por siete votos a favor y cinco en contra, que EEUU debe tomar "todas las medidas necesarias para asegurar (que los cinco mexicanos) no sean ejecutados, mientras siga pendiente el fallo" sobre la demanda interpretativa pedida por México.
Además, precisó Higgins, EEUU deberá informar a la Corte de las medidas tomadas para aplicar esta orden.
Tras la lectura de la sentencia, el embajador de México en Holanda, Jorge Lomónaco Tonda, declaró a la prensa que estaba "satisfecho con la decisión de la Corte" y se mostró confiado en que EEUU cumplirá esta orden, ya que "es una decisión -dijo- que tiene una naturaleza jurídica vinculante".
Ante la pregunta de si la decisión también afecta a los estados federados de su vecino del Norte, Lomónaco precisó que "el fallo de la Corte es claro: ordenar a todas las partes constituyentes de EEUU a cumplir con la ordenanza de medidas provisionales".
Sobre esta cuestión, el representante de EEUU ante la CIJ, John Bellinger (asesor en el Departamento de Estado), apuntó que "estamos recordando a nuestros estados sus obligaciones" a la hora de aplicar el llamado "fallo Avena".
Sin embargo, Bellinger especificó que las órdenes de la CIJ "no tienen un efecto directo en EEUU", ya que suponen una "obligación internacional" para el Gobierno de Washington pero "no tienen un efecto legal y técnico (...)' sobre estados federados como en este caso el de Texas.
Bellinger reconoció que Texas podría legalmente proceder a la ejecución de José Ernesto Medellín el próximo 5 de agosto, a pesar de la decisión de la Corte.
"Ello constituiría una violación de las obligaciones internacionales de EEUU (...) sería inconsistente con la 'sentencia Avena', pero consistente con la ley en el nivel del estado federado", puntualizó.
Aseguró que Texas "está tomando seriamente" el diálogo constructivo con el Gobierno de Washington, pero consideró prematuro pronunciarse sobre el éxito de esas conversaciones.
México intercedió por los condenados
El Gobierno mexicano pidió el pasado junio a la CIJ la revisión de la "sentencia Avena" después de que el estado de Texas fijara para el próximo 5 de agosto la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín, condenado por violar y estrangular a dos jóvenes en 1993.
Además, México advirtió de que otros cuatro ciudadanos mexicanos -Roberto Moreno Ramos, César Roberto Fierro, Rubén Ramírez y Alberto Real García- podrían ser ejecutados a corto plazo también en Texas.
En la "sentencia Avena", pronunciada en 2004, la CIJ dictaminó que EEUU violó la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer asistencia consular a 51 mexicanos que fueron condenados a la pena capital y ordenó a las autoridades estadounidenses que revisasen sus sentencias.
La Corte Suprema de EEUU rechazó el 25 de marzo pasado la solicitud de revisión de la condena a muerte de Medellín al constatar que el estado de Texas no estaba obligado a cumplir las sentencias de la CIJ porque no existe una legislación nacional que así lo estipule.
Desde que se pronunció la "sentencia Avena", al menos 33 mexicanos condenados a muerte han solicitado la revisión de la pena capital.
Sin embargo, de esas 33 peticiones solamente una ha recibido revisión y reconsideración, la de Osbaldo Torres Aguilera, en el estado de Oklahoma.
Además, el estado de Arkansas también conmutó a Rafael Camargo Ojeda la pena de muerte por cadena perpetua a cambio de que el acusado no presentara una solicitud de revisión de su condena.
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