La oposición sudáfricana pidió la intervención del Ejército ante la aparente incapacidad de la policía para hacer frente a la
ola de violencia, que tiene como
principales víctimas a inmigrantes zimbabuenses y mozambiqueños.
El dirigente de la coalición opositora Alianza Democrática, Jack Bloom, sugirió que se usen efectivos de un batallón que están en bases militares cercanas a Johannesburgo y Pretoria para montar puestos de vigilancia y patrullar los barrios más afectados. "Eso puede permitir que la policía, que está mejor entrenada, quede libre para tratar directamente con la población en situaciones graves", dijo el político.
También pidió el establecimiento de campos de refugiados para atender a los desplazados que huyeron de las barrios más afectados. Más de un centenar de chabolas fueron incendiadas, hechos que continuaban en zona del este de la ciudad.
El Gobierno de Pretoria no hizo comentarios sobre la posibilidad de que se utilice al Ejército, aunque las autoridades de la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria, dijeron que esa medida es aún prematura.
Johan Burger, experto en criminalidad del Instituto de Estudios de Seguridad, con sede en Pretoria, afirmó que la violencia que se está registrando en Johannesburgo en los últimos días "va más allá del odio a los extranjeros".
Según Burger, también tiene sus bases en el aumento de la emigración desde sectores rurales de Sudáfrica hacia las grandes ciudades, atraídos por una posibilidades de empleo que no se encuentran en el campo. "Esta migración está fuera de control. Es una bomba de tiempo que está explotando ahora", agregó el experto. "Si se sigue extendiendo -añadió-, quizás sea necesaria la participación del Ejército, pero ojalá que no sea preciso".
Por su parte, el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR, en inglés) afirmó que la ola de violencia está motivada por los fallos del Gobierno de Thabo Mbeki para satisfacer las necesidades de los más pobres y de su ineficacia para luchar contra el crimen.
Sudáfrica, un país de 47 millones de habitantes, está considerado uno de los países con los mayores índices de delincuencia. Anualmente hay cerca de 18.000 asesinatos y se denuncian unas 55.000 violaciones. A pesar de esos índices, agregó el SAIRR, "no ha habido un sólo Ministro o Viceministro responsable del orden, de la justicia o de prisiones que haya renunciado al cargo en los diez años de la Presidencia de Mbeki, lo que sugiere que el Gobierno o es incapaz de identificar los riesgos que genera la delincuencia o se ha resignado a sus consecuencias".
En cuanto a la situación, los barrios pobres de Johannesburgo continúan siendo escenario de una ola de xenofobia. Más de veinte personas, la mayoría extranjeros, murieron en distintos puntos de la ciudad y de las afueras por un brote de violencia que comenzó a inicios de la semana pasada y que se agudizó el último fin de semana.
"Los delincuentes están aprovechándose de la situación, no sabemos qué está pasando, si se trata de xenofobia o no", dijo la Portavoz policial, Sasa Lengene, al dar a conocer los nuevos ataques ocurridos en la barriada de Ramaphosa.
Más de 10.000 personas, según cálculos oficiales, tuvieron que refugiarse en comisarías y edificios municipales, mientras las terminales de autobuses y de trenes están llenas de emigrantes que quieren regresar a sus países. "La gente está saliendo de las barriadas de chabolas porque está aterrorizada", agregó la portavoz policial.
El Ministro de Seguridad, Charles Nqakula, dijo que para hacer frente a la ola de violencia serán desplegadas unidades especiales de la policía, pero no detalló cuándo se llevará a cabo y cuántos agentes integrarán las unidades. "Estamos trabajando duro con esta situación", afirmó el Ministro después de visitar el barrio de Primrose, en el este de Johannesburgo, uno de los más afectados por la ola de violencia.
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