Los dirigentes opositores de la región boliviana de Santa Cruz anunciaron que no dialogarán con el Gobierno de Evo Morales sin la participación de la Iglesia Católica, tras el rechazo del Ejecutivo a la mediación de esta institución.
Tras el referendo de Santa Cruz y la proclamación de un estatuto autonómico que el Gobierno no reconoce, la atención en Bolivia se centra en saber qué ocurrirá con el nuevo llamamiento al diálogo del Presidente Evo Morales para negociar una salida a la crisis que le enfrenta con las regiones opositoras de la llamada "media luna".
El Gobierno cree que la Iglesia debe permanecer ahora al margen de la crisis porque su máxima autoridad, el cardenal Julio Terrazas, votó el pasado domingo en Santa Cruz en el referendo sobre el estatuto autonómico de este departamento. La Iglesia, "por voluntad propia, ha dado un paso al costado y corresponde al Gobierno, a los prefectos y a la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo", según el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Para la Conferencia Episcopal, Terrazas es "un ciudadano boliviano y cruceño" con "el legítimo derecho de ejercitar su voto", lo que no es incompatible con su responsabilidad al frente de la Iglesia, que "seguirá velando por la unidad y el bien común", según un comunicado.
Desde Santa Cruz, sus representantes entienden que la participación de la institución católica en la búsqueda de soluciones es una "cuestión de Estado" y requisito imprescindible para abrir un escenario de concertación nacional. "Si la Iglesia no va, nosotros no vamos", dijo en Santa Cruz el Secretario de Autonomías de la Prefectura (Gobernación) regional, Carlos Dabdoub.
Pero, además, Santa Cruz ya no reclama al Gobierno diálogo, sino "un acuerdo de reconciliación nacional", en palabras de Dabdoub.
Agregó que esta región no se opone a la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que su asesor político Dante Caputo haya reconocido, según Dabdoub, que el movimiento autonomista no es secesionista y no trata de desestabilizar ni a la democracia ni al Gobierno.
De cualquier forma, las posibilidades de diálogo en Bolivia parecen lejanas. En opinión del Gobierno, los prefectos opositores optaron, tras el 4 de mayo, por una línea "mas dura" al retrasar la eventual negociación hasta que se celebren el resto de los referendos autonomistas en Beni, Pando y Tarija. "Esta decisión es bastante desconsiderada respecto a la sociedad. La ciudadanía está esperando minuto a minuto un desenlace positivo que cancele de una vez el clima de incertidumbre y de aparente confrontación", advirtió el Ministro Quintana.
En caso de abrirse la negociación, Quintana cree que primero hay que intentar compatibilizar el proyecto constitucional del Gobierno con el régimen autonómico de los departamentos sin descartar modificaciones que, en última instancia, deberían ser aprobadas por la Asamblea Constituyente.
Si no hubiera consenso, el Ministro apuntó la vía del referendo dirimitorio sobre la nueva Constitución, que propone Morales para "aquellos temas controvertidos en los que Gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo".
Sobre la situación que se abre en el país después de la consulta cruceña también se pronunció el defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, quien ve necesario dar un cauce constitucional a un proceso autonómico que calificó de "legítimo".
Para ello, apeló a la voluntad política y se mostró en desacuerdo con aplazar el diálogo hasta que se celebren las consultas autonómicas previstas en otros tres departamentos. "Eso es dejar que el tiempo transcurra y abrir espacios para mayor controversia y probablemente para conflictos y hasta violencia", advirtió.
Santa Cruz abrió una nueva etapa en la crisis que vive Bolivia tras el referendo sobre su estatuto, que según sus autoridades tuvo un respaldo superior al 80% y para el Gobierno fue un fracaso marcado por la alta abstención.
El Gobierno tacha de ilegales y secesionistas el estatuto autonómico de Santa Cruz y los que tienen previsto aprobar en junio las regiones de Beni, Pando y Tarija.
Estas regiones se oponen a la nueva Constitución que pretende Morales -pendiente de ratificación en referendo- por las circunstancias en que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, entre disturbios que causaron tres muertos y más de 300 heridos en Sucre y en ausencia de la mayor parte de la oposición.
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