El Tribunal Constitucional de Rusia prohibió definitivamente la pena capital en el país en cumplimiento de sus compromisos con el Consejo de Europa.
El tribunal falló que, aunque el 1 de enero próximo vence el plazo de vigencia de la moratoria para la aplicación de la pena capital en Rusia, las sentencias de muerte en adelante no podrán ni dictarse ni cumplirse en el país, explicó el Presidente del Constitucional, Valeri Zorkin.
Activistas de los derechos humanos aplaudieron el veredicto, que analistas atribuyeron a la decisión del Kremlin de cumplir una de las normas básicas de la legislación europea, pese a que el grueso de habitantes rusos aún apoya la pena capital.
La sentencia responde a una interpelación del Tribunal Supremo relativa a la posibilidad de reanudar la aplicación de la pena de muerte a partir del 1 de enero de 2010, tras la introducción de jurados populares en todos los entes federados del país.
Sobre la aplicación de la pena de muerte en Rusia pende desde 1996 una moratoria decretada por el entonces Presidente Boris Yeltsin, condición impuesta por el Consejo de Europa para aceptar a Rusia en su seno en 1996.
Rusia vinculó en su momento la moratoria con la introducción de jurados populares en todo el país, mientras el Tribunal Constitucional aprobó en 1999 una resolución que garantiza a todos los condenados a la pena capital el derecho a ser juzgados por un jurado popular.
El Presidente del Constitucional explicó que Rusia fue admitida en el Consejo de Europa tras comprometerse a suprimir la pena de muerte y firmar --aunque nunca lo ratificó-- el protocolo número 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la pena capital.
"La intención expresada por Rusia de imponer una moratoria para el cumplimiento de las sentencias de muerte y adoptar otras medidas para suprimir la pena capital fue una de las razones sustanciales para que el país fuera invitado al Consejo de Europa", subrayó.
Precisó que la Asamblea Parlamentaria del Consejo recomendó admitir a Rusia basándose en los compromisos y acuerdos asumidos por Moscú, ante todo la obligación de firmar en el plazo de un año y ratificar en otros tres el protocolo de la Convención Europea.
Según Zorkin, la introducción de jurados populares en toda Rusia, que acaba de terminar, tampoco sirve de pretexto para reinstaurar la pena capital, pues desde 1996 "en el país se han formado estables garantías del derecho de las personas a no ser ejecutadas".
"Se ha formado un régimen jurídico-constitucional dentro del cual se produce el proceso irreversible de supresión paulatina de la pena de muerte", puntualizó.
Durante las audiencias, el Presidente, el Gobierno, ambas cámaras del Parlamento y la Fiscalía abogaron por mantener la moratoria a la aplicación de la pena de muerte y por la ulterior supresión definitiva de la pena capital.
Boris Grizlov, Presidente de la Duma rusa y dirigente del partido del Kremlin, Rusia Unida, opinó que la Cámara deberá prolongar la moratoria, pues los diputados no conseguirán ratificar hasta el 1 de enero el protocolo a la Convención europea.
"La ratificación es prerrogativa de la Duma", replicó Zorkin, quien precisó que "el veredicto del tribunal significa que en adelante ninguna instancia estatal puede dictar ni cumplir sentencias de muerte".
El portavoz del Tribunal Supremo, Pavel Odintsov, subrayó por su parte que "el Constitucional ha puesto el punto final en los debates sobre el futuro de la pena capital como castigo y ha sentado la norma jurídica por la que debe guiarse la Justicia".
Pavel Krasheninnikov, jefe del comité de Legislación de la Duma rusa, explicó que, aunque Rusia tarde en adherirse a la Convención Europea, la pena capital en el país ya no podrá aplicarse, pues el derecho internacional prohíbe hacerlo en el período comprendido entre la firma y la ratificación del protocolo número 6.
"Estoy muy contenta con ese fallo, porque se corresponde con la Constitución y los compromisos internacionales de Rusia", alabó la sentencia la dirigente del Grupo de Helsinki de Moscú, Liudmila Alexeyeva.
El Defensor del Pueblo ruso, Vladimir Lukin, señaló que "la pena de muerte debía ser prohibida", mientras un portavoz de la Iglesia Ortodoxa dijo que reimplantar las ejecuciones sería "una locura".
El politólogo Gleb Pavlovski opinó que el Tribunal Constitucional reflejó una postura solidaria adoptada en este asunto por "toda la clase política del país", pese a que la mayoría de los habitantes, más de un 70%, aún está a favor de la pena capital, según sondeos.
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