La nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia decretada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha generado controversia en medios académicos y políticos que consideran a esta norma inconstitucional.
Chávez y el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, aseguran que la norma garantiza la seguridad nacional frente a los “ataques imperialistas”, mientras que académicos la consideran regresiva en materia de Derechos Humanos.
El mandatario aprobó la ley en el marco de los poderes especiales para legislar por decreto que en enero de 2007 le otorgó el Parlamento oficialista por 18 meses.
La nueva ley establece la sustitución progresiva de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), por Direcciones Generales de Inteligencia y Contrainteligencia adscritas a los ministerios del Interior y de Defensa.
La ley fue promulgada la semana pasada y establece que los venezolanos que se nieguen a cooperar con los organismos de inteligencia actuando como informantes podrían ser condenados a hasta cuatro años de cárcel.
Las fuerzas de seguridad pueden recolectar evidencias a través de medios electrónicos de vigilancia, como grabación de llamadas telefónicas, sin necesidad de contar con la orden de un juez. También las autoridades pueden retener pruebas que soliciten los abogados defensores si consideran que lo hacen para proteger la seguridad nacional.
La abogada penalista y profesora de Derecho Penal y Procesal de la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Magaly Vásquez, dijo a la agencia Efe que la Ley es “muy represiva”, y puede ser utilizada como “un instrumento de persecución”. También afirmó que dicha ley “va en contra de la Constitución de 1999” porque “quita atribuciones” que pertenecen “constitucionalmente” al Ministerio Público.
Además, consideró que la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia aprobada el pasado 28 de mayo “afecta a una serie de garantías procesales de personas”ya que, a su juicio, no se garantiza el “derecho a la defensa y al debido proceso”'.
Por su parte, Ramón Rodríguez Chacín reiteró ayer que no es cierto que la nueva legislación en materia de inteligencia viole el derecho a la defensa.
“El imputado siempre va a tener derecho a la defensa (...) ese es un principio que nos mueve a nosotros como (gobierno) humanista, como socialista”, destacó Rodríguez Chacín a los periodistas en rueda de prensa en Caracas.
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