El Gobierno peruano otorgó un salvoconducto al líder indígena Alberto Pizango que le permitirá salir de Perú y viajar a Nicaragua, país que le otorgó asilo político el pasado 9 de junio. Pizango es uno de los cabecillas de las revueltas desatadas en la región amázonica hace dos semanas por la aprobación de varios decretos estatales, y que derivaron en la muerte de 33 personas, 24 de ellas policías. Los juzgados de las localidades amazónicas de Bagua y Utcubamba formalizaron hace unos días una denuncia contra él por los presuntos delitos de instigación, secuestro, extorsión y disturbios, todos ellos relacionados con las protestas de la selva.
Poco después del anuncio, el Primer Ministro del país, Yehude Simon, aseguró que renunciará a su cargo en las "próximas semanas", cuando se solucione el conflicto con los indígenas. Con esta declaración, Simon busca adelantarse a la oposición, que reclama la censura del Gabinete ministerial por los violentos disturbios de las últimas semanas.
Los indígenas, aglutinados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que preside Pizango, se manifestaron por la entrada en vigor de unas normas legales que ellos consideran, que afectan su derecho a las tierras que ocupan desde tiempos ancestrales, y que el Gobierno aprobó, en gran medida, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Temen que los decretos abran la puerta a una descontrolada inversión privada.
El levantamiento llevó al Congreso a revisar el contenido de los decretos legislativos y abrir una mesa de negociación sobre los problemas que afectan a la Amazonia, como el déficit en educación, salud o infraestructuras. Tras reunirse con representantes indígenas de la selva central, el Ejecutivo dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, dos de la decena que cuestionan los nativos.
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