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A pocos más de dos semanas de cumplir el primer año de su segundo Gobierno, el Presidente peruano Alan García enfrenta un desafío ante la avalancha de huelgas y protestas regionales. Ante la perspectiva de la radicalización de las movilizaciones, que ayer provocaron la muerte de una niña, el Mandatario decidió recurrir a una controvertida herramienta para asegurar el orden: los militares.
El Gobierno de García ordena a las fuerzas militares salir a las calles. La norma entra en vigor el miércoles, y estará vigente durante 30 días, en apoyo a la labor desplegada por la policía en el mantenimiento de la seguridad pública, sin que ello implique declaratoria del estado de emergencia.
La norma subraya que durante la intervención militar, que regirá durante 30 días, no existirá restricción ni suspensión de los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El objetivo de la medida es “garantizar el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población”.
El primer ministro (jefe de gabinete), Jorge del Castillo, advirtió que las fuerzas militares “usarán todos los recursos necesarios que les otorga la ley para impedir la toma de locales públicos por parte de los huelguistas”.
“Así que ya están prevenidos, de ninguna manera el Gobierno va a aceptar que se pretenda tomar aeropuertos, centrales hidroeléctricas ni oficinas públicas”, enfatizó Del Castillo.
Mientras, el Presidente García -que ya gobernó Perú entre 1985 y 1990, y que el 28 de julio cumplirá el primer año de su segundo mandato- instó a sus compatriotas a mantener la calma frente a las protestas.
Gobierno asediado por movilizaciones
Los problemas del mandatario peruano podrían agudizarse hoy debido a una movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) contra la gestión de García, a quien acusan de no implementar medidas para distribuir la riqueza y le exigen solución a los diversos conflictos esparcidos por toda la nación.
A esta manifestación se plegará la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos con un paro nacional de dos días, mientras las regiones sureñas de Tacna, Moquegua y Puno han anunciado que a partir de hoy irán a una paralización ilimitada.
El Gobierno de García también enfrenta desde la semana pasada una huelga nacional indefinida de los profesores contra la promulgación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, que los obliga a constantes evaluaciones y contempla el despido de los trabajadores en caso de que no superen por tercera vez estos exámenes.
A raíz de la huelga una niña de doce años murió en la ciudad surandina de Abancay al impactarle una piedra en la cabeza durante una refriega entre maestros y policías, denunció Del Castillo, quien dijo que “ahora los profesores no sólo hacen huelga, sino que matan a una niña”.
Producto del creciente grado de efervescencia, la popularidad del Jefe de Estado ha descendido significativamente: mientras su nivel de aprobación alcanzaba el 63% en agosto de 2006, éste se situaba en junio de este año en un 42%.
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