El Presidente de Perú, Alan García, expresó su apoyo a la política contrainsurgente del ex mandatario Alberto Fujimori. Es la primera vez que García respalda públicamente la mano dura con que Fujimori enfrentó al terrorismo de Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El sorpresivo respaldo coincidió con denuncias contra una ONG de derechos humanos.
Fujimori fue procesado por delitos de homicidio y secuestros cometidos durante la aplicación de su estrategia antiterrorista. García sostuvo que Fujimori logró “avances fundamentales” en el conflicto interno peruano, lo que fue interpretado como un intento de favorecer al ex Presidente en el
proceso judicial en su contra.
"La posibilidad de un indulto presidencial hace un tiempo era impensable, pero a la luz de los acontecimientos creo que podría ocurrir. No la descarto", dijo el sociólogo Fernando Rospigliosi.
"Hay un síndrome de Estocolmo en (el Presidente) García. Hay una identificación casi total con Fujimori, en su lado más oscuro, con los crímenes del grupo Colina y la violación de los derechos humanos", añadió Rospigliosi.
"Esta identificación favorece a Fujimori en el juicio" que se le sigue por casos de derechos humanos, porque -según el analista- envía el mensaje de que lo que cuenta es el resultado en la lucha contra el terrorismo.
El gobernante criticó, sin embargo, la "dictadura de Fujimori", que le valió el exilio a Colombia y Francia a García, y que paradójicamente existió entre 1992-1995.
Abundando en su postura, el Presidente peruano acusó de "mano blanda" a los gobiernos que sucedieron al de Fujimori: el de Valentín Paniagua (2000-2001) y el de Alejandro Toledo (2001-2006).
García dejó entrever que la existencia de remanentes de Sendero Luminoso y las presuntas actividades del desaparecido MRTA, se deben a la laxitud de quienes "no comprendieron que en el tema del terrorismo no se debe conceder ningún milímetro".
La legisladora conservadora Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional, también le sacó las castañas del fuego a Fujimori en el juicio aseverando que era inocente en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en total, y por la cual la fiscalía pidió 30 años de cárcel.
El telón de fondo de estas declaraciones es la polémica surgida por la intervención de la ONG Asociación proderechos humanos (Aprodeh), que recomendó al Parlamento europeo que no incluya al MRTA en una relación de grupos terorristas que se iba a usar en la cumbre Unión Europea-América Latina de Lima el 16 de mayo.
García acusó de "traición a la patria" a Aprodeh por sus opiniones y la bancada fujimorista cerró filas con el gobierno para investigar los fondos que recibe esta ONG, que es muy activa en el juicio contra Fujimori.
Fujimori, de 69 años, fue condenado en 2007 a
seis años de prisión y es procesado desde hace más de tres meses por dos matanzas, entre 1991 y 1992, atribuidas a un grupo de aniquilamiento del Ejército. Le esperan además otros cuatro casos de corrupción.
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