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El gobierno peruano promulgó ayer once decretos que teniendo como supuesto objetivo último combatir el "crimen organizado", incluyen la inhabilitación de los funcionarios, como alcaldes o gobernadores municipales, que participen en huelgas, en un intento por frenar las masivas protestas que enfrenta desde hace dos semanas.
Las autoridades regionales peruanas manifestaron su rechazo al decreto legislativo N° 982, que los inhabilita por hacer huelga, y calificaron la medida de ataque directo a la descentralización y a la democracia. El decreto establece que cualquier "funcionario público con poder de decisión" que participe en una huelga será sancionado con la inhabilitación.
La ministra de Justicia, María Zabala, explicó que los decretos fueron promulgados en el marco de las facultades que el Congreso unicameral peruano otorgó al gobierno del presidente Alan García.
Y aunque Zavala trató de calmar los ánimos esta mañana, especificando que la norma sólo se aplicará cuando el objetivo de la protesta sea la obtención de beneficios "económicos o de cualquier otra índole", la amplitud e indefinición de este último rubro no ayudó demasiado.
El hecho de que el decreto fuera oficializado poco tiempo después de las numerosas huelgas y paros que, apoyados por los presidentes regionales, tensaron la mayor parte del país las últimas semanas, sumado a la inclusión de la medida como una forma de combatir la extorsión al gobierno, no gustó nada a una gran parte de las autoridades departamentales, que la sintieron como una medida represiva e, incluso, dictatorial.
Por su parte, el coordinador de la Asamblea de Gobiernos Regionales, Vladimir Huaroc, dijo al diario peruano El Comercio que buscarán fijar una posición para discutir la controvertida ley promulgada por el Ejecutivo. Huaroc anunció que dicho ente se reunirá el miércoles para discutir, analizar y emitir un pronunciamiento.
El conjunto de leyes promulgado el domingo por el Ejecutivo peruano busca mejorar la seguridad ciudadana, a través de dispositivos que facilitan el trabajo de las fuerzas del orden, así como endurecer las penas para los sentenciados por secuestro, narcotráfico y terrorismo. Pero una de las modificaciones introducidas, y las más criticada, ha sido la que busca inhabilitar a los funcionarios públicos.
Para intentar calmar la situación, el primer ministro Jorge Del Castillo aclaró que no se trata de ninguna venganza contra los presidentes regionales que han encabezado manifestaciones y que dicha ley se ampara en el artículo 42 de la Constitución, donde se reconoce el derecho a huelga excepto en el caso de los funcionarios antes mencionados. "No es una norma contra los presidentes regionales ni es antidemocrática", dijo ayer Del castillo.
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