La declaración considera que la nueva directiva europea constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos "en la medida que esta política afecta la dignidad, la libertad, la propiedad, la unidad familiar e incluso la seguridad de tales personas, y promueve inaceptables prácticas de detención en los Estados miembros de la Unión Europea".
Además, insta al Parlamento Europeo a reconsiderar los alcances de la citada normativa que entrará en vigor en 2010. Asimismo, subraya la necesidad de que el Parlamento Latinoamericano "evalúe dicha posición y fije una posición común, la misma que deberá ser trasladada" a la Unión Europea.
La Junta de Portavoces apoyó también la iniciativa del gobierno peruano de promover una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para mañana, para que se estudien las medidas a seguir en respuesta de la decisión europea.
Por su parte, el presidente Alan García afirmó que América Latina no podrá aceptar "fácilmente" los consejos democráticos y políticos de Europa si persiste en aplicar una legislación antimigratoria que "maltrata" a los inmigrantes latinoamericanos indocumentados.
El mandatario dijo que confinar a un inmigrante indocumentado en centros especiales de internamiento por hasta 18 meses, como establece la nueva legislación, es un "salto atrás" en la historia política y democrática de Europa.
La aprobación de la "Directiva de Retorno" ha generado una ola de cuestionamientos en América Latina, y algunos gobernantes han amenazado con tomar represalias comerciales como la de cancelar sus exportaciones a Europa hasta suspender negociaciones sobre acuerdos comerciales.
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