El texto acordado por los países de la Unión Europea (UE), que establece que en algunos casos los irregulares puedan ser internados hasta 18 meses antes de su expulsión y que no puedan retornar a la UE durante un periodo de hasta cinco años, será votado mañana por el Pleno de la Eurocámara, junto a las enmiendas presentadas por los grupos políticos.
Por el momento, la directiva cuenta con el respaldo explícito del grupo Popular y de una mayoría del Liberal que, sumado al de los diputados más a la derecha del hemiciclo podría ser suficiente para ser aprobada.
Entretanto, la izquierda se ha mostrado contraria al texto actual, aunque el grupo socialista no ha definido aún el sentido de su voto ya que las distintas delegaciones nacionales mantienen posturas diferentes.
El español Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular Europeo (PPE), declaró que la directiva de retorno supone un "paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración".
Díaz de Mera agregó que el texto es "un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".
Para los liberales, que constituyen la tercera fuerza de la cámara, el compromiso de los gobiernos "no es perfecto", pero está encaminada en la "dirección adecuada" y permite una mejora de la actual situación de los inmigrantes en situación irregular, aseguró Jeanine Hennis-Plasschaert.
Sin embargo, algunos miembros de este grupo como el italiano Marco Cappato se pronunciaron a favor de modificar el texto.
La socialista Martine Roure indicó que su grupo no apoya la directiva tal y como la han pactado los Estados miembros porque la considera "insuficiente" para proteger los derechos de los inmigrantes.
Los socialistas han presentado un total de siete enmiendas a la propuesta, incluida una que aboga por que el período máximo de retención forzosa sea de seis meses, frente a los 18 previstos actualmente.
Javier Moreno (PSOE) aseguró que la directiva supone "un paso adelante hacia una política de inmigración común", pero defendió los cambios propuestos por su grupo como una forma de "acercar la directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas, como la española".
Los socialistas deben decidir hoy cuál será el sentido de su voto en caso de que se rechacen las importantes enmiendas que han propuesto.
Algunas delegaciones como la española y la alemana parecen dispuestas a aceptar el texto sin modificaciones, pero otras como la francesa se pronuncian en contra.
El italiano Claudio Fava puso de manifiesto las posturas más críticas entre los socialistas al advertir durante el debate que, en el caso de que las enmiendas no se acepten no se acepten, habrá "muchos votos en contra" de la directiva.
En respuesta, el ponente del informe en el PE, Manfred Weber (PPE), aseguró que quienes voten en contra "únicamente lograrán un estancamiento" en la UE e impedirán "la mejora de las normas humanitarias".
Además, el Ministro del Interior esloveno, Dragutin Mate, en representación de los Veintisiete, aseguró que los países no aceptarán cambios en un texto que ya se encuentra "en el límite" de lo que algunos gobiernos podían aceptar.
El Ministro esloveno agregó que en caso de que el PE obligue a un proceso de segunda lectura se observarían "retrasos grandes" y que "no se mejoraría la situación de los inmigrantes".
La directiva recibirá el voto en contra del grupo Verde, para quien "sólo es una extensión de la política restrictiva de los países", y del de Izquierda Unitaria (GUE/NGL), que hoy arremetió con dureza contra el compromiso de los Estados miembros, calificado por el representante de Izquierda Unida Willy Meyer de "vergonzoso".
Por su parte, Meyer llamó a la movilización ciudadana en contra de un marco legal que, a su juicio, sólo pretende facilitar "la expulsión de 8 millones de personas".
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