Río Negro aprobó una ley que instaura la "muerte digna". Debido a esto, la provincia de Río Negro se transformó ayer en el primer distrito de la Argentina en dar un paso casi concluyente hacia la aprobación de una ley de "muerte digna", que otorga a los enfermos terminales la posibilidad de emitir una declaración de voluntad anticipada y rechazar los tratamientos médicos que prolonguen su agonía.
La norma, que es fuertemente resistida por la Iglesia, fue aprobada en primera vuelta por la Legislatura local, que es unicameral y deberá revisar la normativa en segunda vuelta en aproximadamente 15 días, antes desde darle una sanción ya definitiva. Como sabemos, la principal detractora de la ley es la Iglesia Católica, resta ver las consecuencias de dicha resolución, en el marco de la autonomía de las provincias argentinas en base a la Constitución Nacional. Según el Artículo 122 de la Constitución Argentina las provincias “se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno Federal”.
Esta norma, pionera en la legislación argentina sobre los derechos personalísimos, implica que los pacientes podrán solicitar una "muerte digna" ante escribano público, y los médicos y familiares deberán respetar su voluntad.
A favor de la “muerte digna”
Al respecto, la autora del proyecto, la legisladora radical Marta Milesi, indicó que "es un día importante para la población de Río Negro y de la Argentina porque logramos poner en debate temas de agenda que son relevantes y deben ser tratados como tal en la agenda política porque a la sociedad le interesan". Manifestó que "el Papa Juan Pablo II nos dio una lección porque decidió morir en su habitación del Vaticano, acompañado por sus fieles, después de haberlo expuesto a cruentos tratamientos y no con la encarnización terapéutica rodeado de tubos en una terapia intensiva, con una prolongación artificial de la vida".
Milesi impulsó además la ley de la "píldora del día después" y el proyecto del aborto no punible. Su aplicación será regulada por el ministerio de Salud de la Provincia, quien deberá garantizar que existan profesionales "para que la ley pueda ser utilizada como una herramienta, debido a que no se trata de cuestiones obligatorias sino que viene a cubrir un vacío legal".
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