Los mexicanos demandan desesperadamente al Gobierno de Felipe Calderón para que intervenga de una forma eficaz. Los líderes de los sectores empresarial, educativo y religioso de Chihuahua suscribieron un comunicado al que se adhirieron 62 de los 67 alcaldes del Estado en el que se pide la reorientación de las estrategias de combate al crimen organizado. "Estamos viviendo momentos de violencia e intranquilidad", dice el comunicado, "que ya han superado cualquier expectativa".
La misma noche del sábado, los habitantes de Ciudad Juárez -la ciudad más poblada de Chihuahua- pudieron ver cómo el jefe de Inteligencia de la Procuraduría de Justicia, José Manuel Sanginés, caía abatido por los disparos de un grupo de sicarios. En el lugar se recogieron 149 casquillos de balas procedentes de rifles AK-47 y AR-15, así como de pistolas.
Otras cuatro personas murieron en Ciudad Juárez, mientras que en otra ciudad norteña, Tijuana (Baja California), fueron encontrados 11 cadáveres en distintas zonas. La ola de crímenes se produjo apenas unas horas después de que varios cientos de vecinos se manifestaran en contra de la violencia que sufre la ciudad fronteriza. Uno de los ataques se produjo en un billar. Un grupo de hombres, al parecer vestidos con ropas militares, irrumpieron en el billar y lanzaron ráfagas de fusil contra los clientes. Cinco fallecieron y otros cinco resultaron heridos.
Las cifras oficiales indican que un porcentaje muy alto de los asesinados -alrededor de un 90%- son pequeños traficantes de drogas, pero al menos durante las últimas horas ese porcentaje no retrata la realidad.
Sólo en Tijuana, en lo que va de año ya son casi 650 las personas asesinadas, mientras que en todo el país la cifra supera los 4.500 muertos atribuidos al crimen organizado, principalmente a las bandas de narcotraficantes.
1º / 7º
