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El alcalde de Ciudad de México, el izquierdista Marcelo Ebrard, pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal apoyo para exigir la inconstitucionalidad de la nueva reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo y aprobada la semana pasada por el Congreso federal.
El alcalde se opone a la reforma fiscal, principalmente porque establece un nuevo impuesto a la gasolina del 5,5 por ciento que será distribuido entre los 31 estados mexicanos -dejando de lado a la capital mexicana-, y porque a causa de un nuevo cálculo fiscal la ciudad perderá recursos federales.
Al no recibir el impuesto de la gasolina, el DF perderá "tres mil millones de pesos (272,7 millones de dólares), que impactarán directamente en su desarrollo en los años por venir", dijo el funcionario, quien hoy rindió el informe de su primer año de gobierno ante la Asamblea.
Asimismo, Ebrard pidió que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra "la nueva fórmula fiscal que reduce los recursos disponibles provenientes de participaciones federales" para la ciudad. Esa fórmula, que se rige con un criterio poblacional, determina que en la medida en que el número de habitantes de la capital mexicana no ha crecido, según cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), el Gobierno federal no está obligado a entregar nuevos recursos a la ciudad.
De otra parte, Ebrard criticó la política económica del presidente Felipe Calderón y la calificó de "inercial" y "decepcionante" por sus resultados. Por ello pidió a los legisladores crear un fondo para proteger la planta productiva de la ciudad y establecer por primera vez en la historia del país un seguro de desempleo.
La polémica entre el Gobierno y el alcalde tiene como trasfondo la pugna política entre Calderón y Ebrard, quien se niega a reconocer al presidente en apoyo al candidato de su partido a las elecciones presidenciales de 2006, Andrés Manuel López Obrador.
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