A un año de Oaxaca, maestros renuevan el reclamo

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Miles de profesores y activistas realizaron ayer una marcha en la ciudad mexicana de Oaxaca, al sur del país, para conmemorar el primer aniversario de un enfrentamiento entre policías y maestros en huelga que desencadenó meses de inestabilidad política. 

A un año del conflicto, las autoridades estatales de Oaxaca y los representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) no han logrado un acuerdo para sustentar el diálogo y recibir las quejas de las partes. 

El 14 de junio del 2006, el gobernador del estado de Oaxaca Ulises Ruiz envió a la policía para que retirara de la plaza un campamento establecido por maestros en huelga. Enardecidos, los huelguistas retomaron la plaza y forzaron el retiro de la policía de casi toda la ciudad. 

La policía federal recuperó la plaza en octubre y algunos dirigentes de los inconformes fueron detenidos por daño en propiedad privada debido a perjuicios en edificios y vehículos durante la protesta. 

Los manifestantes insisten en exigir la renuncia de Ruiz, a quien acusan de llegar al poder mediante un fraude electoral y de utilizar fuerza excesiva contra los inconformes el año pasado. 

“Ulises Ruiz es el único culpable por delitos de lesa humanidad, por lo que hoy es más vigente seguir luchando hasta lograr no solamente su destitución del puesto de gobernador del estado, sino su enjuiciamiento penal y su inhabilitación de por vida para desempeñar algún cargo público”, establece el “Manifiesto del 14 de junio”, acordado por las diversas organizaciones sociales y políticas que protestaron ayer en esta ciudad. 

Carmen López, vocera de la APPO, mantiene la acusación a la administración de Ulises Ruiz de mantener en cárceles federales a presos políticos y de conciencia, aunado a la innumerable serie de abusos y muertes relatada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

"Demandamos que el señor Ulises renuncie y que los prisioneros sean liberados", dijo Ezequiel Rosales, un dirigente sindical de maestros. 

Héctor Ramírez, secretario técnico del gobierno, defiende los reportes de las auditorías federales de que no existen desaparecidos en la entidad. 

Ramírez reiteró que esta petición de la APPO "va más allá de las renuncias de funcionarios públicos. No creo que un cargo de elección popular deba estar sujeto a la decisión de unos cuantos".