México defenderá el carácter urgente de las medidas provisionales durante la primera jornada de las dos audiencias previstas para desarrollar su petición.
La primera de las ejecuciones, que será la del mexicano José Ernesto Medellín, condenado por la violación y asesinato de dos adolescentes en 1993, está prevista para el próximo 5 de agosto.
Las medidas provisionales buscan que no se aplique la pena de muerte a los ciudadanos mexicanos, al menos hasta que se tramite la solicitud de México de interpretar el denominado "fallo Avena", de 2004.
En ese fallo, la CIJ instó a Estados Unidos a revisar y reconsiderar las penas capitales de 51 mexicanos cuyos derechos a la notificación consular no fueron respetados.
La solicitud de interpretación se planteó frente a la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en el caso "Medellín vs. Texas",que sostiene que el "fallo Avena" no es obligatorio para las cortes estadounidenses.
Las decisiones de la CIJ no son vinculantes, pero en la mayor parte de los casos los países que optan por resolver sus conflictos en esa instancia suelen respetar sus decisiones.
En el caso del "fallo Avena", la Corte, con sede en La Haya, determinó la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país.
Los jueces consideraron que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963 al no respetar el derecho de Medellín, y los demás mexicanos condenados a muerte, a obtener asistencia consular, por lo que solicitaron la revisión de todos los casos.
La Convención de Viena de 1963 estipula que todas las personas tienen derecho a asesoramiento consular y legal al ser detenidos en un país extranjero.
El Tribunal Supremo estadounidense se pronunció el pasado 25 de marzo en contra de revisar la condena de Medellín, a pesar de las recomendaciones del mismo presidetente de Estados unidos, George W. Bush.
Medellín fue condenado a muerte en 1994 por haber intervenido junto a otras personas, cuando tenía 18 años, en la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elisabeth Peña, de 16, ocurridos el 24 de junio de 1993 en el Jester Park de Houston (Texas).
El máximo tribunal estadounidense argumentó que el presidente del país no tenía autoridad para ordenar una nueva audiencia para el preso mexicano y que las decisiones de la CIJ no se pueden aplicar a los estados que componen al país.
En la audiencia de mañana, tanto México como Estados Unidos expondrán sus argumentos y las delegaciones de ambos países también podrán contestarse en la vista prevista para el viernes.
La decisión de los jueces de la CIJ sobre la petición mexicana tardará algunas semanas.
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