A través de una nota diplomática, la cancillería mexicana pidió a Caracas que las negociaciones del proceso de nacionalización de la empresa Cemex se realicen conforme al marco legal aplicable y sobre los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura, con el fin de que el resultado del mismo sea favorable para las dos partes.
El lunes pasado, Venezuela había informado que comenzaba a controlar las operaciones de la filial de Cemex en su territorio, subrayando que todavía no se había logrado ningún acuerdo con la empresa.
En vistas a este nuevo contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció ayer que el embajador de México ante Venezuela, Mario Chacón, extendió formalmente al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su respaldo a la petición de Cemex para que continúen las negociaciones sobre los principios arriba mencionados.
La misión diplomática permanente de México en Venezuela hizo pública la comunicación diplomática, en la que se expresa la preocupación porque el proceso de expropiación “no resulte equitativo y justo” para Cemex.
La consejera política de la embajada mexicana en Caracas, María Elena Alcaraz, señaló, por su parte, que el país al que representa espera que el gobierno de Hugo Chávez dé una respuesta favorable y que la negociación termine en buenos términos para ambas partes.
Hasta el martes, según informó la cancillería mexicana, ambos países todavía no habían llegado a un acuerdo satisfactorio sobre la nacionalización de Cemex.
Por su parte, Morgan Stanley estimó que Cemex podría recibir mil millones de dólares de indemnización por sus activos en Venezuela, aunque añadió que dada la situación, en el peor de los escenarios, sólo recibiría 500 millones de dólares. Esta estimación se basó en el monto promedio que recibieron Holcim y Lafarge, que lograron un acuerdo de entendimiento con el gobierno de Chávez, y que fue de 224 dólares por tonelada de capacidad de producción.
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