Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano informaron sobre los requerimientos acordados en la Iniciativa Mérida por EEUU y México, entre los que se incluye la reestructuración de instituciones desde las que se imparte justicia civil, como la Procuraduría General de la República (PGR).
Una estrategia pergeñada para eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección brindada a cárteles fue lo que se contempló recientemente en el plan de la Iniciativa Mérida, según informara un funcionario que se mantuvo en el anonimato, debido a que no estaba autorizado para hablar del tema.
“La reestructuración mejorará las instituciones civiles judiciales”, señaló otra fuente del mismo Departamento de Estado.
“Además, permitirá abrir investigaciones sobre funcionarios que pudieran estar relacionados con los cárteles, sin que su remoción implique una acusación directa”, añadió, sin dar detalles sobre qué personas ni qué dependencias serán incluidas en las investigaciones de los dos países.
Al mismo tiempo, el presidente de México, Felipe Calderón, está a punto de nombrar los nuevos subprocuradores de la PGR. Según las versiones que circulan desde la Procuraduría, cuatro de los cinco cargos de ese tipo son los que serán reemplazados.
En el día de ayer, se hizo pública la noticia del retiro de José Luis Santiago Vasconcelos, encargado de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, y que durante la administración de Vicente Fox tuvo a su cargo el combate al crimen organizado.
Una estrategia consensuada
La reestructuración de la PGR y otras dependencias judiciales civiles se contempla en el marco de la Iniciativa Mérida, dentro de las acciones que el gobierno mexicano debe aplicar por su parte. Esta estrategia de medidas fueron acordadas por las autoridades de ambos países, tal y como fuera comunicado por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano.
“Dentro de la Iniciativa Mérida se determinó construir una estrategia para el combate al narcotráfico y se consultó a las autoridades de México para aplicar tanto reformas legales como la reestructura de las instituciones de impartición de justicia y la transparencia de las actividades en esas áreas”, señalaba el funcionario del Departamento de Estado.
Los acuerdos incluidos, señaló, permitirán eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección a los cárteles, pero también establecerá nuevas áreas de responsabilidad y la necesidad de hacer más transparentes las acciones de cada área judicial, con lo cual se podrá conocer la aplicación formal de los recursos de la Iniciativa Mérida, que en ningún momento serán en efectivo.
“Sabemos que existen funcionarios del gobierno de México que han sido amenazados por el narcotráfico, pero también sabemos de quejas del desempeño, por lo que la reestructuración permitirá mejorar a las instituciones civiles judiciales”, detalló otro funcionario del Departamento de Estado consultado al respecto.
La reestructuración de las dependencias, agregó, “también permitirá abrir formalmente investigaciones sobre aquellos funcionarios que pudieran estar relacionados con los cárteles del narcotráfico, sin que su remoción implique una acusación directa, pero en algunos casos sus nombres han sido citados por testigos protegidos”, refirió.
Requisitos para la liberación de fondos del plan
La propia Iniciativa Mérida, indicó la fuente, establece como requisito para la liberación del 15% de los fondos a México “que fiscales y autoridades judiciales investiguen a funcionarios federales y militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, así como exista cooperación de esas fuerzas públicas en el desarrollo de las investigaciones”.
La Ley 2642, en la que están integrados los fondos de la Iniciativa Mérida, detalla que en un plazo no mayor de 45 días a partir de la promulgación de ésta, el secretario de Estado norteamericano, previa consulta con las autoridades de México, deberá presentar por escrito ante el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos un pormenorizado plan de la futura aplicación del presupuesto, así como las metas que se pretende alcanzar en el año fiscal 2009.
Por ello, dijo, será hasta que se presente ese plan cuando se conozca cuál será el monto que cada área civil y militar del gobierno de México recibirá en especie.
Adicionalmente, establece que 15% del monto total aprobado no podrá estar disponible para México hasta que el secretario de Estado norteamericano informe por escrito al Comité de Apropiaciones que el gobierno mexicano haya mejorado la transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas policíacas a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo la creación de comisiones de quejas contra policías, las cuales deberán tener autoridad e independencia para recibir quejas y realizar las investigaciones correspondientes.
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