Elogiada por haber conquistado espacios para Brasil en algunos de los principales foros mundiales, la diplomacia brasileña también ha sido criticada por lo que algunos ven como el exceso de pragmatismo en las relaciones con gobiernos autocráticos y por supuestamente alejarse del principio humanitario.
Tanto Itamaraty, sede del Ministerio de Exteriores, como el propio presidente Lula da Silva han defendido el diálogo con Ahmadinejad y con otros gobiernos que enfrentan la condena internacional, diciendo que su actitud es más productiva que el aislamiento.
"El liderazgo iraní busca legitimidad internacional. También quiere mostrar a Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y a Alemania que no está aislado. Buscará aliados de conveniencia y ayuda en su resistencia a las sanciones internacionales", expresó Mike Singh, del Instituto George Washington para la Política del Cercano Este.
Contra la opinión de las principales potencias occidentales, el dirigente brasileño advirtió que "aislar a Teherán no sirve de nada", y defendió abiertamente el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear "con fines pacíficos", si bien añadió que Brasil "sueña con un Oriente Próximo libre de armas atómicas".
El próximo mes de marzo, Lula efectuará una gira por Oriente Próximo que incluirá visitas a Israel, a los territorios palestinos y a Jordania. En el entorno del presidente se asegura que durante el primer semestre de 2010 Lula también pretende visitar Irán.
La llegada de Ahmadinejad a Brasilia estuvo marcada por críticas y protestas, tanto delante del palacio Itamaraty (cancillería), donde se reunió con Lula, como en el Congreso, donde dos diputados exhibieron una pancarta con la frase "Holocausto, nunca más", en alusión al exterminio de millones de judíos en la Alemania nazi, suceso que es puesto en duda por el presidente de Irán.
La gira latinoamericana de Ahmadinejad, quien visitará además La Paz y Caracas, ocurre en medio de la creciente polémica derivada del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para que éste pueda usar siete bases militares en territorio colombiano, pacto que es rechazado por Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina.
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