El Parlamento francés rechazó contra todo pronóstico un proyecto de ley del Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy para defender los derechos de autor, según informan los diarios galos. La norma iba a permitir la suspensión de hasta un año de la conexión a Internet de usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales.
La mayoría de los diputados de la Asamblea, a mano alzada, rechazó el proyecto, que previamente había sido aprobado (y endurecido) por el Senado. La ausencia de numerosos representantes y el hecho de que dos diputados de la mayoritaria UMP (el partido de Sarkozy) votaron en contra junto a la izquierda, inclinó la balanza: 15 votos a favor, frente a 21 en contra. El resultado fue recibido por los diputados de la izquierda puestos de pie entre aplausos.
Los dos diputados que rompieron la disciplina de partido lo hicieron, previsiblemente, por el endurecimiento que el Senado introdujo en la norma, con la figura del doble castigo: los internautas reincidentes en la descarga ilegal no solo verían cortado su acceso a Internet por un plazo de hasta un año, sino que también deberían seguir abonando la cuota de conexión todo ese tiempo.
El Ejecutivo podrá pedir que se vuelva a votar la ley en "algunas semanas", explicó el Secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi. Cuando es rechazado un texto legal que proviene de una comisión mixta paritaria (como es el caso), el Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación, aunque el texto debe entonces volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea).
Si la ley termina entrando en vigor tal y como está redactada ahora, los internautas que realicen descargas ilegales de manera continuada recibirán un correo electrónico de aviso de la Alta Autoridad Para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, en sus siglas en francés), un organismo creado específicamente para aplicar la ley.
Si el usuario continuase con las descargas ilegales, a los seis meses recibirá una carta certificada como segundo aviso. Según el diario Le Parisien, la norma cuenta con un presupuesto capaz de enviar 3.000 cartas certificadas y 10.000 mensajes electrónicos al día y podrá sancionar, también al día, a 1.000 internautas.
La izquierda, que considera la norma ilegal, tenía previsto enviar el texto de la ley al Consejo Constitucional. Los socialistas galos creen que solo un juez puede cortar el acceso de un ciudadano a Internet. También empresas de telecomunicaciones y operadores, se mostraron contrarios a la ley. Sin embargo, profesionales del mundo de la cultura, cantantes y cineastas, apoyan la norma.
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