Luego del ajustado triunfo en la Cámara de Diputados, el gobierno de Cristina Fernández buscará esta semana imponer su mayoría en el Senado para convertir en ley un resistido sistema de gravámenes a la exportación de granos resistido por organizaciones del agro.
Para hoy se espera una jornada agitada, con la presencia de dirigentes de las entidades rurales en reuniones "informales" con referentes de los bloques de la oposición.
El objetivo, según confiaron fuentes parlamentarias, es afinar la estrategia de cara al debate en comisiones y buscar la forma de forzar al oficialismo a introducir modificaciones a la media sanción que alumbró Diputados anteayer, tras 19 horas de sesión.
Ya el martes, el conflicto comenzará a dilucidarse en el Senado, pero si ahí sufre modificaciones regresará a la Cámara Baja, escenario que el Gobierno quiere evitar a toda costa.
Si fuera aprobado sin cambios, el esquema de gravámenes dispuesto por el Ejecutivo el 11 de marzo, que ata el impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional --que viene con una tendencia alcista--, se convertirá en ley.
En este sentido el diputado oficialista José María Díaz Bancalari se mostró confiado: "Me da la sensación que el Senado tiene una composición que garantiza la aprobación sin ningún cambio", declaró el kirchnerista el domingo a Radio América.
Sobre un total de 72 senadores, en principio el bloque oficialista cuenta con más de la mitad.
Para ell o, el titular de ese bloque, Miguel Angel Pichetto, viene desde hace tiempo contando la tropa con la que contará, y asegura que –pese a algunas deserciones- tendrá los votos necesarios.
La primera deserción que sufrió fue la del cordobés Roberto Urquía –dueño de la aceitera General Deheza-, quien renunció a la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda porque se opone al proyecto oficial.
Además, sufrirá el drenaje casi seguro de los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre y los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, en tanto están en duda los pampeanos Rubén Marín y Silvia Gallegos, la chaqueña María Elena Corregido y la formoseña Adriana Bortolozzi de Bogado.
Las grietas en el oficialismo alientan las esperanzas de los dirigentes ruralistas y de los partidos de la oposición para frenar el polémico proyecto.
"Recién esta semana se van a empezar a vislumbrar las posibilidades de votación, que en una primera instancia arranca muy pareja", sostuvo por su parte el senador Rubén Giustiniani, del Partido Socialista, a radio Milenium.
¿Nuevas medidas?
Según trascendidos que circulan por los principales despachos de la Casa Rosada, la presidenta Cristina de Kirchner estudia lanzar un nuevo paquete de medidas para favorecer al campo. El borrador incluiría una serie de incentivos para el sector rural.
El plan consistiría en una línea de créditos blandos para el agro, con la idea de seducir a los productores y, a su vez, incentivar la inversión, confiaron al diario La Nación un alto funcionario nacional y un dirigente de diálogo directo con el matrimonio.
Además, se podría establecer un sistema para que los ruralistas pudieran compensar el efecto de las retenciones a la exportaciones a través del impuesto a las ganancias a partir de octubre próximo. Esta medida intenta contrarrestar el efecto de uno de los puntos más polémicos del proyecto que se aprobó anteayer en la Cámara de Diputados, que establece el 31 de octubre como el límite de vigencia de las compensaciones que el Gobierno les dará a los pequeños y medianos productores.
El paquete de beneficios que circula por los despachos oficiales incluye, además, la eliminación de los aranceles de importación para los insumos que utiliza el campo y que se llevan gran parte de los costos de producción, informó el periódico en su página web.
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