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Martes, 20 de Mayo de 2008

Italia: el primer Consejo de Ministros tiene una larga agenda

Varios temas fundamentales serán discutidos en esta reunión, como la inmigración y la crisis de la basura en Nápoles.

Italia: el primer Consejo de Ministros tiene una larga agenda
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Primer Consejo de Ministros de Berlusconi en Nápoles: basura e inmigración ilegal
El Gobierno conservador de Silvio Berlusconi celebra mañana en Nápoles su primer Consejo de Ministros, centrado en la crisis de las basuras que asfixia a esa ciudad sureña y a la región Campania y en las nuevas medidas sobre seguridad y contra la inmigración clandestina.

Todas las miradas están puestas en la Prefectura (Gobierno Civil) de Nápoles, en la monumental plaza del Plebiscito, lugar del Consejo de Ministro, y en el ya conocido como "paquete seguridad", para saber, entre otras, si al final se incluye el delito de inmigración clandestina.

Y es que mientras el Ministro de Interior, Roberto Maroni, de la Liga Norte, partido con tintes racistas, es favorable a su introducción, alegando que ya existe en otros países de la Unión Europea, como Francia y Alemania, la aliada Alianza Nacional está en contra y aboga por expulsar sólo a los ilegales que hayan cometido delitos.

La oposición es contraria a la introducción de ese delito, al igual que destacados miembros de la Iglesia, como el Cardenal Renato Raffaele Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, que dijeron que es un "error" y que no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo.

A la espera de conocer las medidas, que según Maroni estarán totalmente en vigor a mediados de julio, algunos medios locales desvelan que el "paquete" está dividido en un decreto ley, un proyecto de ley y tres decretos legislativos sobre circulación de ciudadanos de la UE, reunificación familiar y derecho de asilo.

El decreto ley contempla la expulsión de un extranjero cuando fue condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fijar la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.

Quien alquile casa a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros. El decreto ley prevé también un aumento de las penas para los conductores borrachos o drogados, que pueden llegar hasta los diez años de cárcel.

El proyecto de ley introduce un endurecimiento de las condiciones para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaba seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

Asimismo establece mayores poderes a los alcaldes y normas más severas contra la mafia. El "giro de tuerca" incluye normas sobre decoro urbano, destrucción de productos falsificados y un mayor control sobre las empresas de transferencias de dinero de los inmigrantes.

Respecto a la reunificación familiar, el Gobierno introducirá el test del ADN para comprobar si de verdad son miembros de la misma familia. Los ciudadanos de la UE podrán estar en Italia durante tres meses si tiene recursos económicos y se les podrán tomar las huellas dactilares.

Otro punto que levanta polémica es el de los asentamientos gitanos, especialmente después de que recientemente fueran quemados cinco en la provincia de Nápoles, obligando a evacuar a sus moradores. Maroni dijo que serán desmantelados todos los asentamientos ilegales y que se crearán estructuras dignas y seguras. El Ministro agregó que en esos asentamientos vive gente honrada y otra que no lo es y que quienes no tengan la documentación en regla serán encarcelados si cometieron un delito y expulsados a su país de origen.

A parte del tema de seguridad, el otro punto es la crisis de la basuras que ahoga a Nápoles y su solución es considerada por Berlusconi como "prioritaria". El Gobierno si va directamente a la Prefectura no verá basuras, ya que las autoridades locales aseguraron que el centro de ciudad estará ya limpio en las próximas horas, aunque los medios locales señalan que en la periferia siguen esparcidas, sin recoger, 50.000 toneladas de inmundicia.

Según fuentes políticas, el Gobierno aprobará la apertura de nuevos basureros y la construcción de nuevos incineradores. Para la primera fase de emergencia dedicará diez millones de euros.

Un punto crucial será convencer a los alcaldes de los pueblos donde se pretende construir basureros que lo acepten, ya que aunque los ciudadanos protestan por la acumulación de basuras en las calles, el temor a enfermedades y a otros problemas sanitarios se niegan a aceptarlas en sus zonas.

Varias manifestaciones están previstas mañana en Nápoles y algunos de sus vecinos ya manifestaron el deseo de proclamar "santo súbito" (santo ya) a Berlusconi si logra acabar con las basuras.
 
 
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