El primer Consejo de Ministros de Silvio Berlusconi, sesionando en Nápoles, ya ha aprobado el decreto ley para afrontar la emergencia de la basura en Campania.
El debate ministerial también trata sobre una serie de medidas, las que se espera sean aprobadas, particularmente relacionadas con el tema de seguridad, entre las que se incluye la reintroducción del delito de inmigración clandestina. La elección de Nápoles como lugar de la sesión se debió a un gesto de Berlusconi para expresar su compromiso en la solución de la crisis de la basura.
También entre las primeras medidas estuvo la aprobación del nombramiento de Guido Bertolaso, actual jefe de Protección Civil, como subsecretario a la presidencia del Consejo para que enfrente la emergencia de la basura.
Esta mañana, los ministros empezaron a sesionar en la Prefectura (Gobierno civil) de Nápoles, en la monumental plaza del Plebiscito, frente al Palacio Real. Las autoridades aseguraron que todo el centro de Nápoles estaría limpio, en medio de las críticas de los medios locales, que señalaron que se pretende mostrar hoy una ciudad "limpia" cuando en la periferia siguen acumuladas 50.000 toneladas de desechos.
Algunas filtraciones a la prensa confirman que, en relación a las medidas para combatir la inmigración clandestina, se viene imponiendo la línea dura del ministro del Interior, Roberto Maroni, por lo que se introducirá el delito de inmigración ilegal, al que se opone la oposición y la Iglesia. La consideración de la inmigración clandestina como delito ya figuraba en una ley promulgada durante el anterior mandato de Berlusconi, que fue declarada parcialmente inconstitucional.
Ahora esa consideración vuelve en el proyecto de ley que se aprobará hoy y será debatido en el Parlamento, donde, aunque la oposición ya anunció una fuerte batalla, los conservadores tienen mayoría absoluta.
Endurecimiento
El delito de inmigración clandestina, según las filtraciones de la normativa, sería penado con prisión de seis meses hasta cuatro años. Los partidos opositores son contrarios a la introducción de este delito pues, según el dirigente progresista Antonio Di Pietro, producirá "millones de fugitivos" y costará al Estado entre 45 y 50.000 millones de euros".
La Iglesia Católica lo considera un "error", ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo. Entre la serie de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años; el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses.
Aquél que alquile una vivienda a un inmigrante ilegal, sufriría una condena que va de seis meses a tres años de prisión y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a mendigar pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad.
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