Los países de la
Unión Europea (UE) lograron ponerse de acuerdo en una nueva legislación con normas comunes mínimas sobre el retorno de
inmigrantes irregulares a sus países de origen, tras superar más de
dos años de diferencias.
El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según fuentes diplomáticas.
La versión final del acuerdo no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda "puede" darse a los indocumentados de acuerdo a las prácticas nacionales, explicaron fuentes comunitarias.
Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados Miembros a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los clandestinos que no tienen suficientes medios para obtener asistencia legal.
El texto pactado por unanimidad entre los Embajadores de los Veintisiete ante la UE debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera un debate muy arduo, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.
Este proyecto de directiva intenta lograr una armonización mínima de los estándares de retención y retorno de inmigrantes irregulares que llegaron a territorio de la UE.
Nueve países comunitarios -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida. El texto acordado establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los inmigrantes sin papeles.
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