Los países de la Unión Europea (UE) no consiguieron acordar el tiempo máximo que los inmigrantes ilegales pueden permanecer detenidos y prohibírseles el reingreso, en un revés a los esfuerzos del bloque por lidiar con la inmigración.
La UE alcanzó un acuerdo preliminar el mes pasado permitiendo un máximo de 18 meses de detención para los inmigrantes ilegales y una prohibición para volver a entrar durante cinco años. Pero varios enviados de la UE se opusieron al acuerdo cuando se pidió que lo firmaran.
"No hubo acuerdo," dijo un diplomático. "Más de 10 países tenían reservas, lo que es bastante," agregó. "No hemos acabado con esto," afirmó sobre los casi tres años de peleas por el sensible asunto.
Alemania, Austria y Grecia tenían recelos sobre el costo de garantizar ayuda legal a los ilegales para tener una revisión judicial sobre la decisión de expulsarlos, dijo un diplomático.
Otros enviados en la UE expresaron inquietud sobre la prohibición de reingresar o dijeron que los inmigrantes ilegales no tenían suficiente tiempo para acordar un retorno voluntario, mientras que algunos tenían reservas generales sobre el texto, dijeron diplomáticos.
Activistas de derechos de inmigrantes ilegales se manifestaron en la capital de la UE contra la propuesta de 18 meses de detención y prohibición para volver a ingresar, diciendo que tales medidas criminalizarían la inmigración y construirían "una Europa fortificada."
"Vamos a ir a la cárcel y no hemos hecho nada malo," dijo la inmigrante ilegal Diabi Binta de Guinea. La mujer se manifestaba junto a su hijo, que nació durante los tres años que pasó en Bélgica buscando el derecho a quedarse en el país.
La inmigración es un asunto sensible en la UE, donde la Comisión Europea estima que viven hasta 8 millones de ilegales. Más de 200.000 ilegales fueron detenidos en el bloque en el primer semestre del 2007, y menos de 90.000 fueron expulsados.
El bloque impulsó su lucha contra la inmigración ilegal en los últimos años, luchando por encontrar un punto intermedio entre las diversas políticas nacionales, mientras países del sur como España o Malta afrontan flujos de ilegales por mar con los que no pueden lidiar solos.
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