Casi cinco meses después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Honduras encara unos comicios a los que tanto "golpistas" como "zelayistas" habían establecido como fecha de referencia para devolver la normalidad y restituir el orden constitucional, y con el presidente constitucional encerrado en la Embajada de Brasil.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, y los grupos que apoyaron el golpe insistieron en la necesidad de que las elecciones sean reconocidas para que un nuevo gobierno tome el poder y abra el camino para resolver la crisis, recordando que la consulta fue convocada en mayo, con Zelaya en el poder.
Durante meses, el gobernante derrocado y sus seguidores insistieron en que la de las elecciones era una cita a la que los hondureños debían acudir con Zelaya en la presidencia y que sin él los comicios carecerían de legitimidad, algo que ha respaldado la comunidad internacional con la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza.
La importancia dada por ambas partes a la convocatoria electoral del 29 de noviembre se plasmó en la consecución de un acuerdo con vistas a resolver la crisis un mes antes de los comicios con el Acuerdo Tegucigalpa-San José.
El acuerdo permitía salvar la legalidad del proceso electoral y llevó a varios países y a la propia OEA a respaldar el proceso electoral con la perspectiva de que el presidente derrocado volviera al poder y se conformara un gobierno de unidad nacional.
Sin embargo, el pasado día 17, el presidente del Congreso, Alfredo Saavedra, en el cargo desde el día del golpe de Estado por la ascensión a la Jefatura de Estado de Micheletti, anunció el órdago final de las autoridades de facto: que Zelaya no será el presidente de Honduras el próximo domingo.
Así las cosas, la OEA no enviará observadores, y países como Brasil y Argentina ya anunciaron que no aceptarán los resultados.
La Comisión Europea designó dos expertos con el mandato de informar sobre la celebración de las elecciones y aconsejar a la Comisión sobre posibles medidas tras los comicios.
El secretario de Estado para Iberoamérica español, Juan Pablo de Laiglesia, afirmó que los comicios no serán "democráticamente aceptables" sin Zelaya en el poder.
Estados Unidos, por su parte, se desmarcó de la postura inicialmente unánime de la región y dijo, a través de su subsecretario de Estado adjunto para la región, Craig Kelly, que "nadie tiene el derecho de quitar al pueblo hondureño el derecho de votar, elegir a sus líderes".
Panamá también anunció que reconocerá el resultado de los comicios.
La postura frente a las elecciones hondureñas trasladaron las tensiones por esa crisis fuera del país centroamericano.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deploró el apoyo de los Estados Unidos al proceso electoral hondureño y considera que "causa un gravísimo daño a la credibilidad de la Administración del presidente Barack Obama" y "afectará seriamente las relaciones y las políticas estadounidenses en el continente".
En Guatemala, el envío de observadores por parte del Tribunal Supremo Electoral, algo que finalmente no se producirá, llevó al presidente, Álvaro Colom, a advertir de que desautorizaría su representatividad en nombre del país.
El Parlamento Europeo se mostró dividido sobre la legitimidad de las próximas elecciones, con el grupo mayoritario en la Cámara, el Partido Popular Europeo, junto a Conservadores y Reformistas, a favor del envío de observadores y los socialistas, liberales, Verdes o de Izquierda Unida en contra.
A pesar de todo ello, el Gobierno de facto pidió a la OEA que envíe una misión de observadores a esos comicios, pero el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que esa posibilidad "no se podría ni siquiera considerar".
No por ello, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras dejó de anunciar 250 observadores extranjeros con "confirmaciones fehacientes de varios ex presidentes".
El Partido Nacional, primera fuerza de oposición, informó de que ha invitado a los ex gobernantes Jorge Quiroga (Bolivia), Armando Calderón y Alfredo Cristiani (El Salvador); Vinicio Cerezo (Guatemala), Vicente Fox (México) y Alejandro Toledo (Perú).
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