La fiscalía hondureña reveló los 18 cargos que se imputan al Presidente derrocado Manuel Zelaya, entre ellos traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. En estos cargos se basa la orden de arresto internacional que ya fue remitida a Interpol para su detención. El fiscal también defendió la legalidad de todos los hechos que llevaron a derrocar al mandatario electo.
En conferencia de prensa, el Fiscal General adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, informó que ya se cursó la orden de arresto a Interpol contra Zelaya, al que se supone responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros, en relación con su intención de realizar una consulta popular con vistas a una posterior enmienda de la Constitución.
Según Urtecho, Interpol "dará captura" a Zelaya "donde se encuentre". Actualmente el ex mandatario se encuentra en Panamá, donde llegó procedente de Washington. Preguntado sobre por qué no fue hasta ahora si se conoce su paradero, el fiscal adjunto dijo que "esas ya no son instancias del Ministerio Público".
En este sentido, y tras afirmar que "se presume la inocencia, no se ha condenado al ex Presidente de la República, se le siguió una investigación por parte del Ministerio Público y ahora está judicializada". También aseguró que "se está brindando a Zelaya toda la protección para que se someta a los órganos judisdiccionales competentes".
Por otra parte, Urtecho explicó el procedimiento legal que se llevó a cabo para detener a Zelaya y para su posterior expulsión a Costa Rica. Según el fiscal, la intención del Presidente de convocar una consulta era contraria a la Constitución, como había dictaminado la Justicia del país, y puesto que las Fuerzas Armadas son las garantes de la Carta Magna tuvieron que intervenir.
Por otra parte, según informa el diario La Prensa, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está llevando a cabo investigaciones sobre el "despilfarro de recursos" para la organización de la consulta por parte de Zelaya a petición del Ministerio Público. Según el diario, se están auditando los gastos de publicidad y pago de personal, entre otros, informó el Presidente del TSC, Renán Sagastume.
En tanto, el Presidente interino Roberto Micheletti, espera recibir a un grupo de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) para dialogar sobre la crisis política generada por el golpe militar del pasado domingo.
Respaldado por buena parte de la población, el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y sectores empresariales, Micheletti se va afianzando internamente cada día que pasa, al tiempo que crece el rechazo externo por parte de países y organismos internacionales.
El mandatario interino reiteró que espera la llegada de representantes de la OEA, para hablar también sobre el ultimátum que el pasado domingo esa organización dio para que restituyan "de inmediato y sin condiciones" a Zelaya o de los contrario serán expulsados del sistema interamericano.