El Congreso Nacional hondureño someterá este miércoles 2 de diciembre a examen la conveniencia de restituir o no al Presidente depuesto en el país centroamericano Manuel Zelaya. Esta es una consulta con la que se comprometieron ambas partes con el objetivo de buscar una solución al golpe de Estado perpetrado en Honduras el pasado 28 de junio.
Los emisarios del Presidente de facto, Roberto Micheletti, y del mandatario derrocado sellaron a finales de octubre un acuerdo para impulsar un Gobierno de unidad nacional, celebrar los comicios generales el 29 de noviembre, tal y como estaba previsto, y contemplaba asimismo someter a debate en el Congreso Nacional, previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia, la conveniencia o no de restituir a Zelaya en la Presidencia.
Dicho acuerdo, conocido como Tegucigalpa-San José, otorgaba al Congreso Nacional la decisión de "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010".
"La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita", recoge el documento del acuerdo.
Sin embargo, Zelaya se negó a participar en el Gobierno de unidad y reconciliación que debía estar creado a la altura del pasado 5 de noviembre en virtud del acuerdo suscrito, después de que el presidente de facto propusiera liderarlo, algo que rechazó de plano el mandatario derrocado.
Asimismo, dado que el mandatario depuesto reclamó ser restituido en el cargo antes de la celebración de las elecciones con el objetivo de dar legitimidad al proceso electoral, éste instó a los hondureños y a la comunidad internacional a no reconocerlos.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia determinó la semana pasada que Zelaya no podía ser restituido en el cargo antes de responder a la Justicia por varios delitos, incluido el de traición, por haber querido convocar un referéndum para preguntar a la sociedad hondureña si estaba dispuesta a modificar la Constitución del país para permitir la reelección presidencial, algo que prohíbe expresamente el artículo 239 de la Carta Magna hondureña.
Durante las negociaciones entre las partes --que auspiciaron primero Costa Rica, después la Organización de Estados Americanos y, finalmente Estados Unidos-- se barajó la posibilidad de otorgar una amnistía política a los actores protagonistas de la crisis, algo que finalmente quedó fuera del acuerdo.
Además del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso hondureño ya tiene también en su poder las opiniones no vinculantes sobre la pertinencia de restituir a Zelaya hasta que agote su mandato institucional, el próximo 27 de enero, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Procuraduría General hondureña.
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