El Gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, fue acusado de 19 cargos criminales federales por presuntas irregularidades en sus campañas políticas, informó la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez. De inmediato, Acevedo Vilá rechazó los cargos y los atribuyó a motivos políticos.
"Esta acción, que está políticamente motivada, es el resultado de tres años de filtraciones, rumores y un espectáculo diseñado para hacerme daño", afirmó el Gobernador en una declaración escrita en su primera reacción tras el anuncio de la fiscal Rodríguez.
"Le quiero asegurar al pueblo de Puerto Rico que nunca he solicitado ni aceptado una donación a cambio de ningún contrato gubernamental, nunca he permitido el mal uso de fondos públicos, ni he actuado ilegalmente", dijo Acevedo Vilá.
La fiscal federal, hablando en conferencia de prensa el jueves temprano afirmó que se permitirá "que el gobernador se entregue, por deferencia al cargo que ocupa". Agregó que junto al mandatario se acusó a otras 12 personas vinculadas a su Partido Popular Democrático (PPD), algunos de los cuales ya fueron arrestados.
Entre los cargos radicados contra el grupo, figuran conspiración para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión federal de Elecciones, transferencia electrónica fraudulenta de fondos, conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y falsos testimonios al Buró Federal de Investigaciones.
"El propósito de esta conspiración fue saldar la deuda existente de la campaña de Acevedo Vilá para comisionado residente y recaudar fondos para campañas futuras", añadió Rodríguez.
En su declaración escrita, el gobernador añadió que conocía "muy bien" a varios de los acusados y dijo estar seguro de que nunca habían aceptado un soborno o se habían robado "un solo centavo". "Si alguien lo hizo (robar) sería el primero en solicitar que sea procesado. Como las autoridades federales saben que esto es cierto, han decidido estirar su jurisdicción y tergiversar la verdad", dijo.
El gobernador adelantó que tendrá un comparecencia publica a las 17:30 de la tarde del jueves y que el viernes por la mañana comparecerá ante el Tribunal Federal.
El gobernador canceló sus actividades públicas del jueves y empleados del palacio de gobierno de la Fortaleza aseguraron que se encontraba en su residencia en compañía, entre otras personas, de su madre, Elba Vilá.
Su abogado Thomas Green calificó las acusaciones de "intromisión sin precedentes" de las autoridades federales en los asuntos internos de Puerto Rico. Green dijo que se enteró de las acusaciones el jueves temprano cuando un representante de la fiscalía estadounidense en la isla lo llamó a Washington para informarle.
"No he tenido oportunidad de revisar la acusación, pero es particularmente desconcertante que esta acusación surja tras tres años de investigación, dos gran jurados, en el medio de un año electoral, de hecho, a sólo meses de las elecciones", dijo Green en una declaración escrita divulgada por el palacio de gobierno de La Fortaleza.
"Esta es una intromisión sin precedentes y sin mérito del gobierno federal en los asuntos y el proceso electoral del Estado Libre Asociado" de Puerto Rico, agregó.
Las acusaciones son resultado de una investigación de un gran jurado federal que se extendió por más de dos años y que examinó donaciones a las campañas políticas del ex comisionado residente y hoy mandatario.
Los acusados se exponen a penas de cárcel de entre tres y 10 años, según Rodríguez.
Entre los otros acusados, figura el ex tesorero del PPD Ramón Velasco, con ocho cargos; la ex funcionaria de finanzas del PPD Luisa Inclán, cinco cargos; Jorge Velasco, con cuatro; Ricardo Colón, cuatro cargos; el recaudador en Filadelfia Cándido Negrón, tres cargos; el empresario Miguel Nazario, tres cargos; José González Freire, de Panamerican Grain, tres cargos; Edwin Colón, dos cargos; Salvatore Avanzato, presidente de la empresa Dental One, un cargo; el recaudador Robert Feldman, un cargo; Marvin Block, un cargo, y Eneidi Coreano, un cargo.
"Esta investigación continúa", advirtió Rodríguez.
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