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Por Alberto A. Natale
El gasoducto comienza en Bolivia, cruza el noreste de nuestro país y termina, alternativamente, en San Jerónimo Sur, Santa Fe, o en Campana, Buenos Aires. En abril de 2004 impugné la adjudicación sin licitación de la obra, cuyo valor entonces se estimaba en 800 millones de dólares. Ante el escándalo que se produjo, el ministro anunció que la obra habría de ejecutarse por medio de una licitación pública.
La licitación se postergó porque no se sabía qué pasaría con la provisión de gas boliviano. Ahora, el gobierno argentino vuelve a la contratación directa por medio de un sigiloso camino instrumentado a través de Enarsa. El 24 de marzo de 2007 se dictó el decreto 267, por el que, forzando arbitrariamente la ley de hidrocarburos, 17.319, se otorga en forma directa a Enarsa la concesión para el transporte de gas por medio del Gasoducto del Noreste.
Enarsa es una sociedad del Estado que, expresamente, fue excluida de los controles que tienen las empresas estatales y funciona como una sociedad anónima privada. Este decreto 267 le da a Enarsa la exclusividad de la importación del gas boliviano, le otorga la concesión de su transporte por medio del gasoducto, le encomienda su construcción y la autoriza a ceder en garantía, a favor de terceros, la concesión. Ahora, el gasoducto tiene un costo estimado de casi 1400 millones de dólares, más IVA, según el decreto 267.
El 27 de junio de 2007 se dictó el decreto 805, y el ministro de Planificación dictó ese mismo día la resolución 412. Por ella, instruyó a Enarsa para que cumpliera con su cometido. El 29 de junio se publicó la licitación para comprar los caños, con un presupuesto oficial de 2305 millones de pesos (744 millones de dólares). Los caños que ahora se comprarán equivalen aproximadamente al 50 por ciento del valor total de la obra.
Ya están en marcha la ingeniería básica y el estudio de impacto ambiental, contratados a la misma empresa a la que en 2004 se le había adjudicado sin licitación la construcción del gasoducto. Seguramente será la misma empresa que proveerá los caños. Así, con la pantalla de Enarsa, el Estado se hará cargo de la financiación de una obra cuyo costo final nunca se sabrá.
La historia vuelve a repetirse. Veinte años atrás, el gobierno era otro, pero los actores privados, los mismos, y por una vía extraña se construyó el Gasoducto Neuba II, desde Loma de la Lata. Su costo fue inconmensurable, y la brutal inflación que después se desató respondió, en parte, a la emisión monetaria que se hizo para financiarlo. Se usaron como pantallas sociedades del Estado. Ahora también se apela a otra sociedad estatal, que será la nueva pantalla para hacer obra pública por caminos sinuosos.
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