El allanamiento fue realizado en noviembre del 2000 durante la búsqueda de
Montesinos que se ocultó cuando estalló el escándalo de corrupción del cual el era el principal implicado, y que finalmente derivó en la huida de Fujimori a Japón a fines de ese mismo mes.
Fujimori había sido condenado como instigador del delito de usurpación de funciones por haber ordenado a un militar, asignado a Palacio de Gobierno, hacerse pasar por fiscal para ingresar al domicilio de Trinidad Becerra.
El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, conocido el martes, desestimó la apelación de la defensa de Fujimori, que alegaba que el instigador de un delito no puede recibir una pena mayor a la del ejecutor, según consta en la resolución aparecida el miércoles en el sitio electrónico del poder judicial.
El militar que fingió ser fiscal había sido sentenciado en un proceso aparte a cinco años de cárcel.
La Corte Suprema también ratificó el monto de reparación civil que tendrá que pagar Fujimori ascendente a 400.000 soles (unos 148.000 dólares).
El ex mandatario, que gobernó entre 1990 y 2000, enfrenta actualmente otro proceso por delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves por dos matanzas cometidas por un escuadrón de la muerte del ejército en 1991 y 1992.
La Fiscalía ha pedido que se le imponga una pena de 30 años de prisión.
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